¿Por qué la Región como nivel territorial?
- Un espacio geográfico sujeto a territorializaciones
- La región como estrategia territorial para el desarrollo
- Región y competitividad territorial
- Hacia un Estado unitario regionalizado
Por Bernardo Ramírez del Valle[1]
Coordinador Bolívar
Comité Regional Promotor Región Caribe ya
Diversas reacciones adversas ha producido en la región andina colombiana la aspiración que tiene la región Caribe colombiana de convertirse en entidad territorial (RET) en los términos y condiciones establecidos por los artículos 286, 306 y 307 Constitucionales. En este sentido, el tratadista andino Jaime Castro Castro, ex Alcalde de Bogotá, considera que la creación de este nuevo nivel territorial supone la eliminación de los departamentos, pues estas dos entidades, “en la Colombia de aquí y de ahora, no pueden organizarse simultánea y paralelamente. No hay espacio político ni económico-fiscal para una y otra”[2]. Este ex Ministro de Gobierno, señalado como uno de los responsables de la sangrienta retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, es el más conspicuo opositor a la creación de este nivel territorial, pues considera que “dividir funciones y competencias entre las regiones y los departamentos es teóricamente viable, pero postizo y artificial en la práctica. Además, el país no tiene recursos, ni los contribuyentes capacidad tributaria, para sostener dos niveles territoriales de gobierno que exigen, cada uno, su propia estructura administrativa y su correspondiente aparato burocrático, cuando uno sólo sería suficiente para cumplir las atribuciones que separadamente se les asignen”[3].
No obstante, la prevención que produce entre las élites centralistas la posibilidad de que la región se convierta en otro nivel del ordenamiento territorial del país no deja de ser paradójica si consideramos que el desarrollo institucional del Estado colombiano en los últimos sesenta años se ha hecho a partir de la regionalización de los servicios públicos y del presupuesto público. La creación de las llamadas ‘entidades descentralizadas’ del nivel nacional (establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, corporaciones ambientales), los distritos judiciales, militares, educativos, etc., y la segmentación del presupuesto por regiones geográficas del país, son algunos ejemplos de cómo el concepto de “región” ha estado presente no solamente en la vida social, económica y cultural del país, sino también en su vida política.
Un nivel histórico
El concepto de región ha estado presente en la vida política de los seres humanos. Si bien en la Modernidad, este lexema comenzó a ser utilizado por el geógrafo francés Paul Vidal de la Blache (siglo XIX), su origen etimológico proviene del latín regi, que significa ‘espacio colocado bajo el mismo poder’[4]. En este sentido, los romanos dividieron su Imperio en regiones (Britania, Hispania, Galia, Romania, Macedonia, Judea, etc.), dotándolas de gobierno y administración independientes unas de otras, aunque sujetas al poder centralizador del Emperador.
De hecho, el surgimiento del Estado Nacional entre la baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna (siglo XV y XVI), que se consolida luego de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y la firma del famoso Tratado de Westfalia (1648), que le puso fin, tiene su origen en la anexión voluntaria y/o violenta de varias regiones del continente europeo. Por ejemplo, la nación española y el Estado Español se forjó a partir de la fusión de los reinos de Castilla y Aragón y la posterior anexión de los reinos de Navarra, Granada, Murcia, León, Mallorca, País Vasco, etc., a partir del siglo XV. De esta manera, la formación de los Estados nacionales se hizo a expensa de los Estados regionales.
La consolidación del Estado-nación a partir del Tratado de Westfalia, trajo como consecuencia la decadencia política de las regiones, pues siempre ha existido el interés de las élites nobles y burguesas (en las formas de Estado monárquica y republicana) de mantener la unidad del territorio “nacional” a expensas de la destrucción de las identidades regionales, que son vistas como amenazas separatistas. Así, el surgimiento del Estado Federal a partir del siglo XVIII, inaugurado por la Unión de Estados Americanos (UEA) y de la forma de Estado Regional (España, Francia, Italia, Alemania, etc.), en el siglo XX, demuestran que estas identidades regionales, lejos de desaparecer, se encuentran políticamente vigentes, en los primeros casos de manera manifiesta, a través de pactos constitucionales que han logrado sobrevivir a los cambios societales del mundo contemporáneo, y en el segundo caso, que sería el nuestro, de manera latente, en procura de reconocimiento político y autonomía territorial.
En este aspecto podemos concluir con Báez, que si bien la región no es generalmente un Estado, está dotada de cierta autosuficiencia, “(…) no en el sentido de una autarquía económica, sino en la medida en que la mayor parte de las funciones y servicios más importantes están representados en ella, de manera que la región es capaz de satisfacer la mayor parte de las necesidades de sus habitantes, al poseer su metrópoli un poder de impulsión y decisión, y al no ser necesario recurrir al escalafón superior más que en asuntos excepcionales o muy especializados”[5].
¿Por qué la región como nivel territorial?
Al igual que el municipio y el departamento, la región como entidad territorial encuentra su justificación en razones geográficas, biológicas, demográficas, económicas, socioculturales y políticas[6]. Las dos primeras tienen que ver con espacios y recursos territoriales que sirven de hábitat y sustento a la población; nichos vitales que permiten a los seres humanos desarrollar su ciclo biológico de nacer, crecer, reproducirse y morir, y acumular toda suerte de sentimientos de apego y fidelidad al territorio (identidades territoriales o territorialidad).
Ese territorio no se encuentra circunscrito únicamente al lugar de nacimiento, sino a un entorno más amplio que comprende los municipios más próximos y los que quedan allende del límite local y departamental. Los otros factores tienen que ver con la compleja trama de relaciones sociales y económicas de producción y relaciones políticas de dominación que se tejen en ese territorio, las cuales trascienden el ámbito local y departamental[7].
Pero tanto o más que el municipio, el departamento y la nación, la región tiene existencia geográfica, biótica, económica y sociocultural propia, fácilmente reconocible y que le diferencia de otras. Sus atributos geográficos son relativamente uniformes, caracterizados por igual o similar topografía, hidrografía, biota y clima, que determinan a su vez el patrón histórico de su poblamiento humano, su prototipo cultural y el carácter y nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, sus relaciones sociales de producción y sus relaciones políticas de dominación. En este sentido, la región agrupa todos los rasgos de relieve, clima, suelo, vegetación, agricultura, minería, industria, comunicaciones y hábitat; unidos y ensamblados en un paisaje visible, formando un todo orgánico, siendo sus partes interdependientes[8].
Por las anteriores razones, las regiones constituyen el continente de los departamentos y municipios contenidos en ellas, es decir, el espacio geográfico y el medio ambiente natural de las entidades territoriales que el Estado organiza en su interior para facilitar la administración de la población que las habita. De allí que los departamentos y municipios lleven implícitos el código genético-ambiental y sociocultural de sus respectivas regiones, pues son ellas las que les impregnan a éstos esos atributos que les identifican. Por ejemplo, la geografía de la región Caribe colombiana determina, que la mayor parte de los municipios y departamentos caribeños sean predominantemente planos y sinuosos, costeros, rianos, luminosos, calurosos; de flora y fauna tropical; que sus relaciones sociales de producción hayan estado determinadas por la pesca, la agricultura, la ganadería extensiva y las artesanías, que a su vez determinaron el carácter gamonalesco y clientelista que suele caracterizar sus relaciones políticas de dominación; que la población caribeña, predominantemente mestiza, sea alegre, fogosa, espontanea, imaginativa, abierta como su geografía, distinta a las que habitan otras regiones del país. De allí que se afirme que Colombia es un país de regiones porque es un país de países y una nación de naciones. Aunque parezca tautológico, esta perífrasi contiene la más exacta descripción de los elementos básicos de la configuración territorial del Estado colombiano, de ninguna manera homogéneos ni uniformes, así se haya pretendido construir a lo largo de doscientos años de vida republicana un discurso de “nación única”.
Un espacio geográfico sujeto a territorializaciones
El crecimiento natural de la población, las migraciones poblacionales por motivos económicos, sociales o políticos; la construcción de infraestructura vial y de transporte y la exploración y explotación de los recursos naturales, son factores que inciden en la ocupación del suelo y la territorialización de las regiones, bien dando origen a nuevos municipios y departamentos, ora generando esquemas de integración territorial supra municipales y departamentales (asociaciones de municipios y departamentos, corporaciones de desarrollo, sistemas integrados de planificación, etc.). En este sentido, Báez considera que la región es un hecho concreto en el que es posible identificar, comprender y explicar todos los elementos naturales y humanos en las relaciones que se dan entre ellos. “La región es en primer lugar lo que llaman la región natural. Con el proceso de urbanización, correlacionado con los avances prodigiosos de la vialidad, las telecomunicaciones, la industria y los servicios, la región natural cedió a la concepción de una región como un territorio que se ordena armónicamente en las formas de sus actividades alrededor de una metrópoli que se ha convertido en capital”[9].
En Colombia, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la construcción de las troncales de oriente y occidente y de otras carreteras complementarias; la acelerada industrialización del país, especialmente en la Región Andina, la exploración y explotación de algunos recursos naturales (petróleo, gas natural, níquel, oro, carbón), especialmente en las regiones Caribe y Orinoquia, la interconexión eléctrica nacional y el mejoramiento en cobertura y calidad de algunos servicios sociales básicos (salud, educación, agua potable, etc.), son los principales factores que han incidido en el crecimiento poblacional del país[10] y en la formación de nuevos centros urbanos incluso en zonas tradicionalmente despobladas que han sido objeto de colonización (sures de Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Urabá antioqueño y chocoano, pie de monte llanero, etc.). La violencia política de los años cincuenta, el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo también han sido factores que han contribuido a generar esa dinámica urbanizadora al producir desplazamientos forzados de la población y economías de enclave de pequeño y mediano tamaño (explotaciones mineras, siembra y procesamiento de cultivos ilícitos, etc.).
Este inusitado crecimiento poblacional, que se refleja en la desmesurada ampliación de las mallas urbanas de las capitales departamentales del país, la multiplicación exponencial de territorios municipales en los últimos treinta años, el pujante crecimiento de pequeños poblados antes rurales que han adquirido la categoría de corregimientos y aspiran convertirse en cabeceras municipales, ha desbordado las posibilidades de los departamentos de promover un desarrollo autárquico, es decir, dentro de sus propios límites territoriales, pues cada vez son mayores las relaciones de intercambio comercial, social y cultural entre municipios de distintas jurisdicciones. Por ejemplo, en el Caribe colombiano, es evidente que las actividades económicas, sociales y culturales de los municipios del cono sur de los departamentos del Cesar y Bolívar giran en derredor de las ciudades de Aguachica (Cesar), Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), y no de Valledupar y Cartagena, sus respectivas capitales departamentales. Por su parte, los municipios de la llamada Zona de Desarrollo Económico y Social (Zodes) de Loba, en el departamento de Bolívar, no giran en derredor de Magangué y Mompós (Bolívar) sino de El Banco (Magdalena) y los municipios de Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Pijiño, San Zenón y San Sebastián, ubicados en el sur del departamento del Magdalena, no giran en derredor de El Banco (Magdalena) sino de Mompós (Bolívar). Igual sucede con los municipios del sur de la Guajira que giran en torno de Valledupar (Cesar) y los municipios de la Mojana sucreña que son atraídos por Magangué (Bolívar).
Este epicentrismo económico, social y cultural, que trasciende los límites departamentales, requiere de un nivel de administración y planificación mucho más amplio y especializado que el del Departamento, debido a que las “fronteras” departamentales cada vez se vuelven más borrosas y artificiales ante la masificación y complejidad de las relaciones societales originadas por los intercambios económicos, sociales y culturales de los municipios “fronterizos”. Tal complejidad sistémica desborda las competencias de los gobiernos departamentales de atender problemas comunes a dos o más municipios de distintas jurisdicciones, por lo que se requiere un nivel territorial superior que los atienda y regule, diferente al nacional, que se encuentra muy lejano y ausente y que no está diseñado para estas funciones. De esta manera, el departamento y la región constituyen niveles meso de la organización territorial del país a diferentes escalas, con funciones complementarias.
La región como estrategia territorial para el desarrollo
En los países desarrollados, la región es considerada como una importante fuente de ventajas competitivas dentro del contexto de la economía política de la globalidad. Por ejemplo, en los países europeos, la institucionalización de la región como entidad territorial ha contribuido a mejorar los índices de desarrollo económico y social de muchas poblaciones afectadas por la miseria y la pobreza. Esto se explica por el impacto psicosocial y cultural que produce en la población la exaltación política de su territorio como nivel decisional del Estado. Y es que, como bien lo señala Montañéz, el territorio cumple, además, una importante función en la integración e identidad social y cultural de la población que lo ocupa, pues a partir de su apropiación y defensa, se desarrollan valores y cosmovisiones políticas, económicas, sociales y culturales comunes que vienen a constituir la base de una “nación” y el factor que diferencia una “nacionalidad” de otra[11].
Es evidente que la región como entidad territorial (con su componente autonomista) contribuye a reforzar en la población sus identidades culturales, a elevar la autoestima individual y colectiva; fomentar la innovación tecnológica, expandir la autogestión comunitaria y generar nuevos imaginarios colectivos. Normalmente, en países con regímenes centralistas, como el nuestro, que no incentivan procesos de auto realización de sus poblaciones regionales y locales, pues todo se provee desde arriba, estos elementos fundamentales que determinan el actuar de las personas, se hallan represados, inhibidos u ocultos en el subconsciente social. En este tipo de países todo se piensa desde “lo nacional”, se actúa desde “lo nacional” y se achacan los fracasos a “lo local” y “lo regional”.
Región y competitividad territorial
La diversificación y crecimiento de la economía en los últimos cincuenta años y los retos que plantea la globalización de los mercados requiere que la implementación del hegemónico modelo de desarrollo “hacia afuera” haga énfasis en “lo regional” y “lo local” (‘glocalización’) antes que en “lo nacional”. Es evidente, que en el territorio de los municipios se localizan las empresas (unipersonales y colectivas) que conforman el sistema productivo nacional y en ellos se desarrollan la totalidad de las actividades económicas del país. Pero es en el territorio de los departamentos y de las regiones donde se obtiene la mayor parte de las materias primas y se comercializan los bienes y servicios producidos en los territorios locales. Por lo tanto, debe corresponder a los municipios el mejoramiento de los ‘factores micro’ que inciden en la productividad y competitividad de sus actividades empresariales (infraestructura local, talento humano, gerencia o emprendimiento, buen gobierno, servicios financieros, etc.) y a los departamentos y regiones el mejoramiento de los ‘factores meso’ (infraestructura de impacto departamental y regional, protección y conservación de recursos naturales, promoción económica, desarrollo humano integral, etc.). La Nación quedaría solamente con la atención de los ‘factores macro’ (estabilidad macroeconómica, comercio exterior, defensa nacional, orden público interno, etc.) y la construcción de infraestructura de impacto nacional.
Hacia un Estado unitario regional
La región como entidad territorial viene jugando un importante papel en el contexto de la globalización política. En este sentido, Boisier considera que el Estado moderno debe desplegarse en dos planos: el del Estado nacional y el de un conjunto de cuasi-Estados regionales[12]. En cuanto al primero, su organización territorial debe tener las siguientes características: a) ser descentralizado y estar organizado como una red; b) comprender la interrelación entre los objetivos nacionales y el poder del territorio; c) permitir y estimular la maleabilidad en las estructuras de gobierno y de administración ; d) establecer un marco regulatorio mínimo para facilitar la flexibilidad; e) estimular en los cuasi-Estados regionales el despliegue de dos nuevas funciones: conducción política y animación social, y f) reconocerse como un estado “territorial”, capaz de hacer conducción política y territorial[13]. En esa misma dirección, Castells considera que las formas emergentes de gobierno de los mercados internacionales y otros procesos económicos incluyen a los principales gobiernos nacionales, pero en un nuevo papel: los estados funcionan menos como entidades “soberanas” y más como componentes de un “sistema de gobierno” internacional. En consecuencia, “las funciones centrales del Estado-nación serán proporcionar legitimidad y asegurar la responsabilidad de los mecanismos de gobierno supranacionales y subnacionales”[14], en este último caso, de los gobiernos regionales.
De las anteriores características se deduce que el tradicional Estado nacional omnipresente, omnipotente, único y centralizado hizo crisis y debe reducirse a su mínima expresión. En contrario, se impone un Estado nacional descentralizado, que comprenda la interrelación entre los objetivos nacionales y el poder territorial, que debe estar parcelado en “cuasi estados regionales” que juegan los papeles predominantes en los terrenos económico y político. Estos postulados implican necesariamente el debilitamiento de la unidad nacional y el fortalecimiento de la autonomía regional.
Esta nueva visión de “Estado unitario regionalizado” contrasta con la percepción centralista que suele predominar entre las élites dominantes del país, que ven en ella un convidado más en el reparto de la torta presupuestal, que disminuye el tamaño de los recursos nacionales, señalándola como factor de desintegración y desestabilización del régimen político republicano. No obstante existir estas prevenciones, en el fondo se palpa un desconocimiento de la utilidad institucional de la región como entidad dinamizadora de los factores mesoeconómicos de productividad y competitividad y articuladora de los niveles departamental y nacional.
Competencias regionales
Como quedó dicho, la región se concibe como un nivel territorial de conducción política y animación social y económica, pero ante todo, como un instrumento de planificación y ejecución de la inversión pública nacional capaz de dinamizar los factores intermedios o mesoeconómicos que inciden en la productividad y la competitividad del país. En este sentido, es un nivel articulador entre las economías departamentales y la nacional.
En esta perspectiva, la definición y asignación de competencias funcionales a la región, antes que debilitar el nivel departamental, lo articula y fortalece, en desmedro del poder competencial nacional, que queda reducido a funciones relacionadas con el ejercicio y la defensa de la soberanía nacional, las relaciones internacionales, la defensa, la seguridad, la justicia, y la dirección de la economía, además del desarrollo de la alta infraestructura, vías, telecomunicaciones, energía y puertos, que podrá ser delegado o concesionado en terceros o ser también descentralizado en favor de las entidades territoriales.
En tal sentido, el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) concertado entre el Ministerio del Interior del Gobierno Uribe, la Federación de Departamentos de Colombia (FEDEPARTAMENTOS) y el Comité Promotor de la Región Caribe, el cual fue cercenado en este aspecto por el Gobierno Santos, consagra las siguientes competencias de las Regiones como Entidades Territoriales (RET):
1) Competencias Generales:
a) La ejecución de las políticas públicas nacionales que le sean asignadas y las regionales mediante el establecimiento de enfoques integrales de desarrollo y gestión; b) El fomento de la economía regional procurando el mejoramiento de los factores internos de productividad y competitividad; c) La gestión, suscripción y ejecución de convenios nacionales e internacionales de comercio interno y externo, en este último caso supervisados por la autoridad competente del nivel nacional; d) El fomento de alianzas productivas y sociales que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la región; e) La planificación del desarrollo integral del territorio; f) La administración de las zonas costeras; g) La adopción de los tributos fiscales y parafiscales necesarios para su sostenimiento de conformidad con la constitución y la ley; h) El manejo autónomo de su presupuesto; la participación equitativa en las rentas nacionales especialmente aquellas que se deriven de la explotación de sus recursos naturales y la explotación mediante el sistema de concesión de servicios público de cualquier naturaleza; i) La prestación de servicios públicos o de cualquier índole que no corresponda a otras entidades territoriales; j) El fomento de la construcción de vivienda y de obras de impacto regional, y k) las que le sean asignadas por el legislador ordinario o por delegación de autoridad competente del orden nacional.
2) Competencias en materia de ordenamiento territorial:
Formular políticas y estrategias regionales en el marco de las políticas nacionales para el desarrollo y el ordenamiento de su respectivo territorio, orientadas a la productividad y competitividad integral, equidad y redistribución, la solución pacífica de conflictos y la construcción de gobernabilidad democrática. En este sentido le corresponde: a) Determinar sus ejes articuladores, terrestres marítimos y fluviales; b) Modificar y establecer los límites de sus respectivos departamentos previa solicitud de las autoridades departamentales correspondientes; c) Proponer al Congreso Nacional la creación de nuevos departamentos, para lo cual elaborará los estudios pertinentes y realizará las consultas populares y demás requisitos exigidos por la Constitución; d) Crear provincias interdepartamentales previa solicitud de los municipios y/o territorios indígenas interesados y aprobación de las respectivas asambleas departamentales; e) Fomentar la conformación de esquemas asociativos territoriales; f) Fomentar y respetar la diversidad y coexistencia pacífica de las diversas identidades territoriales y el desarrollo del conocimiento; g) Promover el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos, la reducción de los impactos negativos sobre el territorio y sus recursos, la prevención y reorientación de los procesos de ocupación de los suelos urbanos y rurales en zonas de alto riesgo; h) La relocalización de los asentamientos humanos que se encuentran en peligro por inminencia de desastres; i) La recuperación y fortalecimiento de la sostenibilidad de la producción agropecuaria en el interior de su frontera agrícola en zonas de economía campesina y empresarial; j) La recuperación y fortalecimiento de la diversidad y capacidad productiva sostenible de las economías campesinas;
k) El mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural; l) La promoción del autoabastecimiento de estos sistemas regionales; ll) La ejecución de políticas, planes y programas para la utilización sostenible de la oferta natural, la conservación del patrimonio ambiental y el fomento de las alternativas productivas sostenibles; m) La prevención de colonizaciones hacia áreas de alto valor ecosistémico y cultural; n) El fortalecimiento de las ciudades como dinamizadoras del desarrollo regional, con visión incluyente hacia los intereses de diferentes grupos sociales y etnias que la habitan; ñ) La constitución y fortalecimiento de las redes de ciudades con visión de complementariedad más que de competitividad entre ellas, entre otras funciones.
Un proceso gradual
La institucionalización de la región como entidad territorial del Estado colombiano va a ser un proceso relativamente largo y lleno de vicisitudes, y por lo tanto, gradual. Si bien los 2,5 millones de votos que se obtuvieron en favor de este proceso en la consulta del 14 de marzo de 2010 cambió radicalmente la agenda de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República y los obligó a comprometerse con la presentación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) al Congreso de la República, luego de 19 años de intentos fallidos, es claro que para el centralismo interiorano, cuyas élites históricamente han sido favorecidas por este régimen, la regionalización política del país representa una disminución de su poder a la hora de repartir los recursos fiscales del Estado. Si bien, desde los años noventa del siglo XX, el Presupuesto General de la Nación, en el papel, se ha venido regionalizando, el manejo contractual y el control de los recursos (control político) en su mayor parte ha quedado en manos del nivel central del Gobierno, por lo que entregarle esas competencias a las élites regionales, es vista por el centra del país como una merma de sus intereses territoriales y patrimonialistas.
Ya sabemos que la LOOT no logró llenar las expectativas del Caribe y se le acusa al Gobierno de haber traicionado el mandato del VOTO CARIBE. No obstante, esto apenas comienza; los intereses van y vienen y el lentejismo de las bancadas parlamentarias regionales se encuentra en el orden del día. Seguramente la RET le toca esperar unos años más mientras la RAP (Región Administrativa y de Planificación) arroja los resultados esperados y se disipa la excusa separatista con la que desde el propio Gobierno se pretende deslegitimar la lucha del Caribe colombiano por convertirse en una entidad territorial.
[1] Abogado (U. de Cartagena), politólogo (U. Internacional de Andalucía, España) y periodista (Colegio Nacional de Periodistas). Especialista en Planeación Urbana y Rural (U. de Cartagena), Derecho Público (U. Externado de Colombia), Administración Pública (ESAP) y Métodos y Técnicas Avanzadas en Investigación Social y Educativa (PIIE). Tesis Laureada Universidad de Cartagena con el tema “La Órbita Sincrónica Geoestacionaria: tercera dimensión de la Soberanía Nacional” (1983).
[2] EL TIEMPO, artículo publicado el sábado 4 de septiembre de 2010
[3] Ibídem
[4] De este original lexema se derivan los sintagmas régere y regionem, que significan gobernar, regir, ejercitar el poder. De allí que en su concepción primitiva el término ‘región’ tenga una connotación política, es decir, una región era el espacio regido o gobernado por una autoridad.
[5] Báez, Mario Andrés. Ordenamiento territorial. Librería y editorial Filigrana, Bogotá, D.C., 2002.
[6] Durante siglos el territorio fue considerado como un elemento estático y secundario en la organización política y social de las naciones, mereciendo poca atención en los estudios filosóficos y científicos. Fue a partir de los años setenta del siglo XX, en el marco de la denominada “revolución cuantitativa” y del desarrollo de la ‘Nueva Geografía’, cuando el tema del “espacio geográfico” comenzó a ocupar un lugar central en los estudios de las ciencias naturales y sociales. El profesor Gustavo Montañés Gómez considera al respecto que es a partir de estos acontecimientos cuando se comienza a considerar “lo geográfico” como categoría social e histórica que abarca los procesos y los resultados de la acumulación histórica de la producción, incorporación, integración y apropiación social de estructuras y relaciones espaciales en la biósfera terrestre y se desarrollan diversas tendencias que conciben el objeto de la ciencia geográfica no solamente en términos de “localización”, como “contenedor espacial” donde se ubican objetos y sujetos que lo ocupan, sino como ciencia que debe ocuparse, también, del contenido, esto es, de dichos objetos y sujetos. (Montañéz Gómez, Gustavo. Razón y pasión del espacio y el territorio. Comp. Espacio y territorios. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1985, pág. 170).
[7] Montañéz considera al respecto que cuando designamos un territorio siempre estamos asumiendo, aún de manera implícita, la existencia de un espacio geográfico y de un sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de poder, una calidad de poseedor o una facultad de apropiación. (Op. cit, pág. 20)
[8] Montañéz, ibídem.
[9] Báez, Mario Andrés. Ordenamiento territorial. Librería y editorial Filigrana, Bogotá, D.C., 2002.
[10] En 1967 Colombia tenía 17,5 millones de habitantes. Actualmente, según proyecciones del censo del año 2005, tiene 44 millones de habitantes.
[11] Montañéz, op.cit., pág. 176.
[12] Boisier, Sergio. El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoría de desarrollo territorial. Dirección de Políticas y Planificación Regional ILPES, 31 de enero de 1997.
[14] Castells, Manuel, La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol. 2. El Poder de la Identidad, alianza editorial, 1999.
No hay comentarios:
Publicar un comentario