El metálogo de “lo regional” en el discurso santista
Por Bernardo Ramírez del Valle[1]
Centro de Pensamiento Regional del Caribe Colombiano —CEPENSAR
A manera de exordio, sea lo primero señalar que existe un claro deslinde semiótico entre el discurso político uribista y el santista, es decir, entre el discurso conservadurista de la “seguridad democrática”, inspirado en la nueva derecha francesa[2], y el discurso neoinstitucional de la “prosperidad democrática”, inspirado en la centroizquierda inglesa[3], más liberal, también llamada “Tercera Vía”. En este sentido, el Presidente Santos pretende reconstruir, a través de un diálogo más conciliador y menos populista, las “reglas de juego” que tradicionalmente han caracterizado el régimen democrático colombiano, maltrechas por el gobierno de Uribe, a través de nuevos ‘marcos institucionales’ regulatorios de la vida política del país; en particular, pretende normalizar las relaciones entre los distintos órganos del poder público colombiano (afectadas por los ‘choques de trenes’, las ‘chuzadas’, etc.); de éstos con la sociedad civil (‘falsos positivos’, reticencia al canje humanitario, etc.) y con los países vecinos (Venezuela, Ecuador y Nicaragua).
Por supuesto, la construcción de estos nuevos ‘marcos institucionales’ se encuentra precedida de un discurso político massmediático cuya finalidad es permear y controlar todos los intersticios de la vida social, económica, política y cultural del país, imponiendo nuevos sistemas de significación, códigos consensuados y coercitivos y reglas de juego unilaterales, siempre a favor del “emisor invisible” de dicho poder (“nivel de ausencia” del poder, como diría el politólogo mexicano Pablo Espinosa Vera[4]).
Frente al caso del “conflicto regional”, que desde el siglo XIX subyace en las relaciones entre el centro y la periferia colombiana, y entre las élites regionales, descentralistas y autonomistas, y las élites andinas, centralistas y autoritaristas, (que incluso, llevó a la separación de Panamá), el discurso santista, que aulican los Ministros del Interior y Hacienda, comienza a revelar un afán por reprimir la participación de las regiones no sólo en la arena política nacional (al negarles su autonomía constitucional y reducir el ámbito de aplicación del principio descentralizador de las entidades territoriales), sino también en el terreno de las oportunidades fiscales del país, al sustraerlas de los probables beneficios que generaría la bonanza minero-energética esperada para los próximos años como resultado del incremento de las explotaciones y exportaciones de los recursos naturales no renovables, que hasta ahora benefician más a las regiones periféricas pobres que a la opulenta región andina.
Igualmente revela el inocultable interés de fracciones monopólicas de poder constituidas por grupos y cúpulas partidistas andinas (incluso regionales) obnubiladas por la defensa de posiciones e intereses personales y grupistas, mediante el conocido artilugio de la “reinvención de la realidad”, con la que pretenden transponer el concepto político de “región” por el concepto geográfico de “territorio” en su ramplona versión de “zona territorial”.
Los “guardianes de la unidad nacional”
Para lograr sus propósitos recentralizadores, el gobierno echa mano a toda clase de metalenguajes persuasivos y seductores dominados por una “semiótica del simulacro” (‘pajaritos preñados’ diríamos coloquialmente en el Caribe), y fundamentados en la defensa de los principios constitucionales de ‘unidad nacional’ y ‘soberanía nacional’, en los que las élites andinas se muestran como auténticas “guardianas de la unidad, la soberanía y la libertad” mientras que las élites regionales, especialmente las del Caribe colombiano, son señaladas como “separatistas, desintegracionistas y apátridas”, además de manirrotas y corruptas. Este metálogo de “lo regional” lo vimos manifiesto en el acto de presentación oficial del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)[5], cuando el Presidente Santos dijo en su discurso que debía quedar muy claro que el propósito de esta norma era “desarrollar las regiones que autorizó la Constitución de 1991, (como) un ejercicio democrático de descentralización y de mayor autonomía territorial, pero no como un camino hacia el federalismo o la desintegración (…); una ley pensada para las regiones y por las regiones, pero que no compromete la unidad ni la soberanía nacional”.
Con este tipo de metálogo, pretende el régimen santista distraer a la opinión pública regional y nacional, por vía de la megamáquina massmediática subordinada a sus intereses y visiones neoinstitucionalista, sobre el verdadero debate de la construcción de un modelo de Estado regional en Colombia, y deslegitimar las aspiraciones de la periferia colombiana de reducir los vergonzosos índices de miseria y pobreza, sólo comparables con los de África subsahariana, mediante un ordenamiento territorial más justo, autónomo y democrático.
Ocultamiento de “lo regional”
En su afán por echar mano a los ingresos de las regalías de los departamentos y municipios productores de recursos naturales no renovables del país para tapar el hueco fiscal que acrecienta su hipertrofismo burocrático (cinco nuevos Ministerios), el régimen santista pretende erradicar de la institucionalidad jurídica republicana el sintagma “región” en la creencia de que, de esa forma, erradicará del imaginario colectivo el concepto de “lo regional”, afincado desde la época fundacional de la república en las mentes de las élites regionalistas colombianas. A través de la creación de una nueva ‘mitología mediática’ pretende substituir del imaginario colectivo el reconocimiento y la representación de la región como símbolo y arquetipo que ha contribuido a edificar las bases de la nación colombiana y de nuestra historia regional.
Es así cómo, en el metálogo santista, encontramos que el concepto politológico de “región” tiende a ser evadido o cuando menos reducido a su estricta significación geográfica. Este soterrado interés es fácilmente palpable en la redacción del artículo 3º del mencionado proyecto de LOOT, al consagrar que “el ordenamiento territorial reconocerá la heterogeneidad de las comunidades y geografías del país y se ajustará a las diferencias relativas de desarrollo entre las diversas regiones (porciones del territorio) que lo integran”. Nótese el énfasis aclaratorio y definitorio que pone el Gobierno en su proyecto al referirse a las “regiones”, dándoles un alcance estrictamente geográfico-territorial y no político-territorial. Igual tendencia se observa en la presentación en power point de la propuesta de distribución de los recursos minero-energéticos que viene haciendo el Ministro de Hacienda por todo el país, donde la palabra “región” es sustituida por la palabra “zona” en los diferentes cuadros que señalan la “caracterización municipal a partir del Indicador sintético de condiciones favorables al desarrollo endógeno”. Asimismo, la sustitución del adjetivo “regional” (Fondo de Compensación Regional, propuesta por la región Caribe) por el de “territorial” (Fondo de Compensación Territorial, propuesto por el Gobierno), que hace el artículo 31 de dicho proyecto, denota el régimen santista desea desaparecer del metalenguaje oficialista la idea de región y afirmar sustitutivamente la de “zona” y “territorio”.
Hacia un manejo decodificado del metálogo oficialista
Conocer la arquitectura interna y los procesos de construcción de los discursos massmediáticos del régimen santista (en cuanto al conflicto regional) desde su fase de producción y transmisión oficial, y de reconocimiento, representación y reproducción por parte de la opinión nacional y regional, debe ser una tarea inmediata para quienes, desde las regiones colombianas, especialmente la Caribe, venimos dando la lucha por la autonomía regional. Es una tarea de ‘semiótica política mediática’ en la que los medios de comunicación del Caribe colombiano están llamados a jugar un papel protagónico fundamental, pues una adecuada decodificación de estos metálogos o códigos cifrados (¿qué hay detrás de esa declaración del Gobierno?) puede amortiguar los desbastadores efectos que suelen producir en la opinión regional y nacional falacias anti-regionalistas como la expresada a los medios de comunicación por el Ministro de Hacienda, en el sentido de que el sólo gasto de funcionamiento de la RET CARIBE costaría al país alrededor de 100 mil millones de pesos al año[6]. Es obvio que la perversa intención del Ministro fue producir en la opinión pública un efecto adverso y negativo a la creación de las regiones como entidades territoriales.
Entonces, de lo que se trata aquí es de deconstruir el lenguaje massmediático del Gobierno referente al tema de “lo regional” con la finalidad de detectar los puntos de vista predominantes en el texto y en los procesos de enunciación, que reflejan la intencionalidad oculta del emisor (la “dimensión ideológica”, como diría Augusto Ponzio[7]), así como los potenciales efectos en el destinatario último, para traducirlos luego al lenguaje periodístico y presentarlos a la opinión con su correcto y desnudo significado.
Cartagena, agosto 27 de 2010
[1] Abogado Universidad de Cartagena; Politólogo U. Internacional de Andalucía (España); Periodista Colegio Nacional de Periodista y Escritor. Profesor Universitario. Tel. 3103671545 - 3162777695
[2] El Manifiesto: la Nueva Derecha del año 2000 de Alain de Benoist y Charles Champetier.
[3] La Tercera Vía es concebida por Tony Blair como un camino de renovación y éxito para la moderna democracia social. No se trata únicamente de un compromiso entre la izquierda y la derecha. Persigue adoptar los valores esenciales del centro político y aplicarlos a un mundo de cambios económicos y sociales, libre del peso de una ideología obsoleta.
[4] Espinosa Vera, Pablo. Los constructores de ‘significados últimos’. México: Instituto de Semiótica Política y Comunicación Pública (en línea), s.n., (2005)
[5] 20 de agosto de 2010 en la sede de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico (Barranquilla)
[6] Un estudio financiero realizado por el Comité Regional Promotor de la Región Caribe establece que el costo de funcionamiento anual de la entidad es de 4 mil millones de pesos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario