El origen del Estado Colombiano
¿E v o l u c i ó n o F u n d a c i ó n?
Por Bernardo Ramírez del Valle
Director Centro de Pensamiento Regional del Caribe Colombiano
Doscientos años después de nuestra emancipación de España, se mantiene intacta la discusión, en la doctrina jurídica constitucional y en la historiografía política nacional, acerca del origen del Estado colombiano. La tesis abrumadoramente predominante sigue siendo la del origen ‘fundacional’ de nuestro Estado, que toma como punto de partida el Acta de Independencia del 20 de Julio de 1810 y las primeras Constituciones provinciales que se expidieron con posterioridad a esa fecha. Pero las concepciones ‘evolucionistas’ que consideran a los Estados monárquicos precolombinos como el punto de partida de nuestra organización estatal, adquieren una mayor importancia.
Es evidente que entre los cientistas sociales colombianos, no existe consenso acerca del origen histórico y politológico de nuestro Estado, observación que también puede resultar válida para el resto de los países de América Latina. En nuestro caso, este desacuerdo aflora, incluso, entre quienes defienden el origen “fundacionista” del Estado, especialmente entre los tratadistas del derecho constitucional de los siglos XIX y XX. Un rápido repaso a la bibliografía nacional bastaría para comprobar el predominio de la teoría fundacionista sobre la evolucionista.
Origen de la discusión
En nuestro concepto, esta diversidad de criterios puede atribuirse a las siguientes circunstancias:
1ª) La tradicional tendencia epistemológica de la comunidad científica del derecho constitucional, la ciencia política y la historiografía nacional, de asimilar el concepto de ‘Estado’ al concepto de ‘poder público’ (uno de sus componentes), olvidando que el territorio y la población también son elementos estructurales de aquél, cuyos procesos históricos formativos son diacrónicos y no sincrónicos, sociológicos y no jurídicos, naturales y no convencionales, como los del primero. Asimismo, esta disparidad de criterios puede atribuirse a la tendencia histórica de asimilar el concepto de ‘Estado’ al de ‘forma de Estado’, como si fueran sinónimos, sin serlos. En este sentido, la transición pacífica o violenta de una forma monárquica de Estado a una forma republicana de Estado es concebida como el tránsito de un Estado viejo (que muere y desaparece) a un Estado nuevo, totalmente distinto a aquél[1]. Contrario a esta perspectiva, el Estado debe entenderse como un ser enteléquido substancial, que adopta diversas ‘formas’ de organización política (formas de Estado), llámese monárquica o republicana, de tal suerte que los cambios organizacionales que experimenta éste a través del tiempo no afectan su esencia ontológica, pues sigue siendo el mismo Estado (generalmente con el mismo territorio, la misma población y el mismo poder público) sólo que bajo otras formas de organización política (reino o república), otros sistemas de gobierno (parlamentario, presidencialista o de asamblea), otras formas de gobierno (monárquica, aristocrática, democrática, dictatorial, tiránica, etc.) y otros regímenes políticos (de hecho o de derecho).
2ª) La influencia que ejercieron (y siguen ejerciendo desde el siglo XIX) las teorías organicistas e institucionalistas del derecho público alemán y francés en la ciencia jurídica contemporánea de los países de América Latina y, particularmente, en el derecho público colombiano, constituye otra explicación plausible de las tesis fundacionistas. Bajo la luz de estas teorías (que predominaron desde la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX), se educaron en las universidades europeas gran parte de las élites políticas de la oligarquía latinoamericana, cuyos miembros, al regresar a sus países de origen, ocuparon cargos públicos de gran preeminencia (presidentes, vicepresidentes, ministros, magistrados, parlamentarios, etc.), o simplemente se dedicaron a ejercer la cátedra universitaria, produciendo y reproduciendo, a través del ejercicio de la política y de la enseñanza el pensamiento político y jurídico dominante en el viejo continente, las tesis fundacionistas.
3ª) La implícita y explícita intención de las élites independentistas neogranadinas y latinoamericanas decimonónicas (criollas y mestizas) de destruir u ocultar por completo cualquier lazo que pudiera unir el presente y el futuro de las nacientes repúblicas con el oprobioso pasado colonialista europeo y el “salvaje” mundo cultural de los pueblos indígenas (del que se avergonzaron), constituye otra poderosa razón para que deliberadamente se hayan ignorado a las organizaciones estatales precolombinas e hispánica a la hora de explicar el verdadero origen del Estado colombiano. La permanente búsqueda de una nueva identidad nacional y la necesidad de construir un discurso nacionalista propio, independiente (incluso aristocrático) que realzara, idealizara y reafirmara la organización republicana sobre la monárquica y los principios de libertad, igualdad, propiedad, democracia, separación de poderes, etc., condujo a las élites americanas decimonónicas a concebir la república como un “Estado nuevo” (el Estado liberal), totalmente distinto al anterior (el Estado monárquico absolutista europeo) y a los que, tres siglos antes, habían descubierto, conquistado y colonizados (y prácticamente exterminado) los invasores europeos (los Estados monárquicos aborígenes).
¿Evolución o fundación?
Aunque hoy, en pleno mundo de La Globalidad (después de doscientos años de vida republicana), parezca un asunto trivial y marginal dilucidar el origen sociológico y jurídico del Estado colombiano, puede no serlo desde la perspectiva histórica y politológica. Es evidente que, para estas dos disciplinas científicas, existen cuestiones aún no resueltas en esta materia por la todavía escasa bibliografía nacional. La discusión se centra en si el nacimiento o formación de los Estados en general obedece a un proceso evolucionista, de naturaleza geográfica, social y política, o si se encuentra sujeto a la voluntad de un colectivo humano que en determinado momento de la historia decide “fundarlos” (o crearlos) a través de una norma jurídica (consuetudinaria o escrita). Ambas hipótesis han dado origen a diversas teorías que, no obstante su aparente antagonismo, deben ser inscritas en la llamada ‘escuela institucionalista’ del pensamiento político universal. La primera responde a un enfoque ‘institucional-organicista’, que surge en la Antigüedad y luego retoña en el siglo XIX en el seno de la escuela alemana de derecho público; y el segundo responde a un enfoque ‘institucional-fundacionista’, que aparece también en el siglo XIX de la mano de la escuela francesa.
Planteado el problema del origen del Estado desde el primer enfoque institucionalista (acorde con la concepción del organicismo decimonónico de Kjellen), las preguntas a formular serían las siguientes: ¿fue el Estado “nacido” como ser orgánico dotado de “esqueleto legal”, “de carne y sangre socio geográfica?”, o, por lo contrario (siguiendo la teoría fundacionista francesa de Hauriou), ¿fue “fundado” como institución política a través de “reglas de derecho” de naturaleza constitucional?
En Colombia las respuestas a estas preguntas han dado origen a diversas y a veces contradictorias hipótesis, muchas de ellas elaboradas desde orillas epistemológicas opuestas. En nuestro concepto, podemos distinguir dos posiciones teóricas: la primera (la más tradicional y especialmente arraigada en el derecho constitucional colombiano, aunque no totalmente homogénea), concibe el origen de nuestro Estado como resultado de una “fundación” o creación jurídica (‘teoría fundacionista del Estado colombiano’); y la segunda lo concibe como un ser orgánico que surgió en el periodo precolombino y evolucionó hasta la actual forma republicana (‘teoría evolucionista del Estado colombiano’). Según la primera teoría, nuestro Estado fue “fundado” por las élites criollas neogranadinas a través de distintas Constituciones políticas expedidas con posterioridad al ‘Grito de Independencia’ del 20 de Julio de 1810. Según la segunda teoría, nuestro Estado es un “organismo vivo” que “nació” en el periodo precolombino como resultado del tránsito de una sociedad igualitaria tribal a una sociedad jerárquica señorial. El primer enfoque es propio de la escuela ius-institucionalista que todavía predomina en el estudio del derecho público en Colombia, desde el siglo XIX; el segundo, se fundamenta en las teorías geopolíticas organicistas, de partida igualmente decimonónica, pero que tuvieron una gran acogida y desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Concepción fundacionista del Estado colombiano
En Colombia, el enfoque institucional-legalista sobre el origen del Estado se propagó entre las élites académicas universitarias, jurídicas y políticas de la primera mitad del siglo XX cuyos más connotados representantes fueron formados en los claustros universitarios franceses. Estas élites adoptaron y desarrollaron el enfoque institucionalista y lo difundieron en todos los claustros universitarios nacionales, de tal suerte que éste aún sigue prevaleciendo en el estudio del Estado y del derecho público en general, con algunas notables excepciones. Al respecto, es fácil comprobar en los distintos tratados de derecho constitucional colombiano, una generalizada tendencia de situar la fundación o creación de nuestro Estado a partir de las sucesivas Constituciones políticas que se expidieron con posterioridad a la revolución independentista de 1810 e, incluso, a partir de ese momento histórico. En este sentido, se destacan dos enfoques fundacionista: el “independentista”, que sostiene la tesis de que el Estado colombiano fue creado a partir del Acta de Independencia de 1810; y el “constitucionalista” que afirma que fue creado a partir de la expedición de las constituciones políticas republicanas que devienen de la declaración de independencia. Este último enfoque, a su vez, tiene dos versiones: la que sostiene que el Estado colombiano fue fundado mediante las Constituciones provinciales que se expidieron entre 1810 y 1815, y el que afirma que el verdadero origen de su fundación estuvo en la Constitución de 1832.
Tesis sobre el origen precolombino del Estado colombiano
Se considera como precursor de esta teoría organicista al ex presidente y tratadista Alfonso López Michelsen (1913 - 2007), quien a mediados del siglo XX sostuvo que el origen de nuestro Estado y del derecho constitucional colombiano debe encontrarse en los “mitos precolombinos” que sirvieron de fundamento al poder político entre nuestros antepasados. López se mostró en desacuerdo de situar como punto de partida de nuestras instituciones políticas la Constitución de Cundinamarca de 1811, “porque así el estudio de la historia de las ideas políticas en Colombia se reduce al análisis exclusivo de nuestra vida republicana, o sea, la que llamamos a todo lo largo de este escrito el periodo liberal” (f. Pérez, op. cit., p. 153).
Esta tesis ha encontrado respaldo en diversos estudios arqueológicos y antropológicos que defienden la naturaleza estatal de las organizaciones aldeanas precolombinas encontradas por los conquistadores europeos a su llegada a nuestro continente. Estos estudios, sin embargo, no han sido suficientemente integrados al análisis politológico, constitucional e historiográfico del Estado americano (y, menos aún, del Estado colombiano), pues son realmente escasos los trabajos que se han realizado sobre la materia.
Tesis sobre el origen colonial del Estado colombiano
Los máximos exponentes de esta concepción fueron el constitucionalista Luis Carlos Sáchica y el politólogo Gerardo Molina. Sáchica asocia la formación de la nacionalidad colombiana con el origen del Estado colombiano situando ambos fenómenos en el periodo colonial hispánico.
Por su parte, el politólogo Gerardo Molina, encuentra en la Revolución de los Comuneros (1781), el verdadero origen del Estado colombiano pues ella constituye el punto de arranque de nuestra liberación respecto de España. Molina concluye que en la revolución comunera de 1781 estuvo implícita la tesis de la soberanía popular, lo cual es de mucha significación para el estudio del Estado colombiano.
Nuestra opinión sobre el origen del Estado colombiano
Analizadas las tesis fundacionistas y organicistas sobre el origen de nuestra organización estatal, es dable concluir que ambas pueden ser útiles a la hora de construir un discurso interpretativo sobre el origen de nuestro sistema político. Es evidente que el Estado colombiano surgió como resultado de un largo proceso histórico de evolución orgánica de sus distintos elementos o componentes constitutivos, que se inicia con la ocupación, apropiación y uso de nuestro territorio por parte de los primeros pueblos precolombinos que llegaron a América hace aproximadamente veintiocho siglos (y al actual territorio colombiano hace aproximadamente catorce siglos) y continúa a lo largo de cada uno de los periodos de nuestra historia. Cada uno de ellos (el precolombino, el colonial y el republicano) contribuyó de manera importante a la formación de las instituciones políticas que hoy tenemos y su estudio resulta indispensable para entender, en su conjunto, nuestro sistema político.
Lo anterior nos lleva a compartir la tesis del ex presidente Alfonso López Michelsen de que el verdadero origen de nuestra organización política estatal estuvo en el periodo precolombino. No obstante, creemos que esta tesis quedó corta, pues no es justo reducir el aporte que hicieron los pueblos prehispánicos a nuestra actual organización estatal únicamente al conjunto de “mitos” que regulaban las relaciones políticas de dominación propias de los cacicazgos aborígenes; por lo contrario, debemos valorar, igualmente, de manera integral y holística, otras contribuciones que hicieron los Estados chibchas, Caribes y Arawakos, entre otros, a la organización territorial y poblacional de nuestro actual Estado. Por ejemplo, no se puede desconocer que la actual malla vial del país fue construida sobre el trazado que dejaron nuestros antepasados indígenas; que muchas técnicas agrícolas y piscícolas y una gran variedad de cultivos de los que hoy deriva su subsistencia la población colombiana fueron heredadas de los pueblos aborígenes; que la mayor parte de los municipios del país tuvieron su origen en las aldeas chibchas, Caribes y arahuacas, ni se puede olvidar que las prácticas del “caciquismo” y el “clientelismo” político que predominan en nuestra vida republicana fueron las mismas que caracterizaron las relaciones políticas de dominación en los Estados precolombinos. Por tanto, es justo reconocer que fueron los pequeños, medianos y grandes Estados aborígenes precolombinos, las organizaciones políticas a partir de las cuales se configuraron los elementos esenciales de nuestro actual Estado republicano. De allí que los consideremos como ‘Estados-cimientos’ de nuestra actual organización estatal, pues fueron ellos los que iniciaron el proceso de ocupación y poblamiento de nuestro territorio; quienes exploraron y explotaron por vez primera nuestros recursos naturales; construyeron las primeras vías de comunicación; iniciaron el proceso de mestizajes entre grupos de diferentes familias aborígenes; quienes crearon y desarrollaron las primeras relaciones sociales y económicas de producción y las primeras formas de gobierno político.
En conclusión, el Estado precolombino constituyó la primera piedra de nuestra estructura social, económica, política y cultural, a partir de la cual se edificaron los tres componentes básicos de nuestra actual organización estatal: el territorio, la población y el poder público.
[1] Esa es la visión mayoritaria de nuestros constitucionalistas e historiadores decimonónicos y contemporáneos sobre el origen del Estado colombiano. Para esta tendencia, la independencia representó una ruptura total con el Estado español y el surgimiento de un nuevo Estado que es el republicano. Deliberadamente se ignora que el territorio y la población de ese “nuevo” Estado sigue siendo el mismo de la forma de organización estatal anterior y que lo que se reemplaza es el elemento institucional representado en el poder público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario