Las grandes antinomias de la vida política colombiana
Por BERNARDO RAMIREZ DEL VALLE
Centro de Pensamiento Regional del Caribe Colombiano[1]
INTRODUCCIÓN
Con el Grito de Independencia del 20 de Julio de 1810 se inicia el periodo republicano del Estado colombiano[2]. Desde entonces, la vida política[3] del país ha oscilado, como un péndulo de torsión, alrededor de un eje republicano que se tuerce, retuerce y destuerce al ritmo de los giros que le produce el peso de las ideologías. Estas ideologías, que en el fondo siguen siendo conservadoras y liberales, han estado presentes y han sido determinantes en la evolución jurídica, social, económica y política de nuestro sistema político republicano.
En efecto, la vida política colombiana, desde el siglo XIX, se ha caracterizado por la permanente lucha entre ideologías diversas y opuestas (antinómicas), casi siempre manifiestas y latentes en la conducción del Estado, surgiendo y resurgiendo de manera intermitente y produciendo retorcijones económicos, sociales y políticos que, por cortos o largos periodos, terminan creando un nuevo orden constitucional, a veces opuesto al anterior, y otras veces conciliatorio de las dos tendencias; hasta cuando el peso de nuevas circunstancias produce otra torcedura del eje, bien devolviéndolo al estado inmediatamente anterior, bien poniéndolo en un estado intermedio, ora haciéndolo saltar cuantitativa y/o cualitativamente hacia un orden superior, y así sucesivamente.
El eje del péndulo institucional del país es la república, forma de organización del Estado colombiano basada en un sistema de gobierno conformado por tres ramas de poder (ejecutiva, legislativa y judicial) y unos órganos autónomos (de control fiscal y disciplinario; electorales, monetarios y de telecomunicaciones) que, a través de la historia, se han organizado y han funcionado alternativamente bajo los principios antinómicos de centralismo y federalismo, autoritarismo y democracia, proteccionismo y librecambismo, etc.
En ese orden de ideas, hemos identificados siete grandes antinomias[4] que han predominado en la vida política del país, las cuales presentamos dialécticamente en el siguiente cuadro:
TESIS | ANTITESIS | SINTESIS (Constitución de 1991) |
Conservatismo | Liberalismo | Pluralismo |
Monarquismo | Republicanismo | Republicanismo |
Centralismo | Federalismo | Descentralismo y autonomismo |
Presidencialismo | Parlamentarismo | Presidencialismo parlamentario |
Clericalismo | Anticlericalismo | Laicismo |
Militarismo | Democratismo | Democracia Participativa |
Proteccionismo | Librecambismo | Neoinstitucionalismo* |
Antipactismo | Pactismo | Transaccionismo[5] |
Las tesis y las antítesis constituyen las principales contradicciones ideológicas de nuestras élites gobernantes; las síntesis contienen el resultado actual del enfrentamiento histórico entre esas tendencias.
Es de advertir que estas contradicciones ideológicas que han moldeado el ideario y el temperamento de nuestras élites dominantes, han sido determinantes a la hora de definir la forma de organización de los diferentes elementos del Estado colombiano (el territorio, la población y el poder público) como también en la formulación y ejecución de las Políticas Públicas.
Las tesis representan las tendencias conservadoras de un sector de la élite dirigente que pretende mantener el status quo heredado de un periodo anterior, por ejemplo –entre 1810 y 1850– los privilegios sociales, económicos y políticos que traían del Estado monárquico colonial, y las antítesis representan las tendencias liberales, esto es, las opuestas, las que pretenden cambiar ese estado de cosas por otro estado diferente más progresista y conveniente a sus intereses sociales, políticos y/o económicos. Las síntesis vienen a ser el resultado del choque de esas dos tendencias contradictorias, el cual queda plasmado finalmente (aunque nunca definitivamente), en términos institucionales, en una reforma o en una nueva Constitución Política. Estas síntesis, como dijimos, pueden contener y representar un retroceso, un estancamiento o un avance en uno o diversos aspectos de la vida del país, pero en últimas, casi siempre contienen algo parcial o totalmente diferente a los estados anteriores. En términos sistémicos, las síntesis son outputs que regresan a los ambientes intra o extra societales del Estado convertidas en tesis (inputs) que inmediatamente, o tiempo después, vienen a ser negadas por otras antítesis (inputs) generando nuevas síntesis y así sucesivamente.
Por supuesto, las antinomias ideológicas que han modelado al Estado colombiano, han tenido como sujetos a las llamadas élites dominantes u oligárquicas del país, las cuales, desde el mismo momento fundacional de la república, se agruparon en dos bandos o partidos políticos clasistas que, durante todo el siglo XIX y hasta el Plebiscito de 1957, ejercieron hegemónicamente el poder en un juego político de suma cero. Por eso resulta importante abordar preliminarmente el estudio de estas élites oligárquicas, así sea para describirlas a grandes pincelazos.
2. LAS ÉLITES DOMINANTES EN COLOMBIA. TEORIA DE LAS ÉLITES
Mosca sostiene que en todas las sociedades humanas, desde las mediocremente desarrolladas, que apenas han llegado a los preámbulos de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, que siempre es la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. La segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera de una manera más o menos legal, o bien de un modo más o menos arbitrario y violento, y recibe de ella, al menos aparentemente, los medios materiales de subsistencia y los indispensables para la vitalidad del organismo político[6].
Pareto atribuye este fenómeno a que la sociedad humana no es homogénea, pues se encuentra constituida por elementos que difieren más o menos no solamente por caracteres muy evidentes como el sexo, la edad, la fuerza física, la salud, etc., sino también por caracteres menos observables, pero no menos importantes, como las cualidades intelectuales, morales, la actividad, el valor, entre otras[7]. Para este autor, considerado como uno de los padres de la “teoría de las élites”, la igualdad entre los seres humanos objetivamente no existe, sino de manera subjetiva, y no es más que una excusa ideológica para desembarazarse de una aristocracia por otra, porque:
“La diversidad de la naturaleza de los hombres, junto a la necesidad de dar satisfacción de alguna manera al sentimiento que los quiere iguales, ha hecho que se esfuercen en las democracias en dar apariencia de poder al pueblo y realidad de poder a una élite”[8].
En consecuencia, una sociedad está conformada por una clase selecta o superior y otra no selecta o inferior. La élite en una sociedad está formada por aquellos individuos de la clase selecta o superior que manifiestan cualidades o aptitudes excepcionales, que les proporcionan poder y prestigio. De la clase selecta o superior surgen la élite gobernante y la no gobernante. La primera está integrada por aquellos individuos que directa o indirectamente tienen una participación notable en el gobierno. Según Pareto, los que pertenecen a este primer grupo selecto, tienen “cartelitos” de ministros, senadores, diputados, etc., que se adquieren bien por la actividad desplegada por el individuo, bien de manera hereditaria (como la riqueza); ora por razones de parentesco o por relaciones sociales (amiguismo, colegaje, compañerismo, etc.). En todo caso, la clase selecta gobernante casi generalmente monopoliza el poder económico, el político y el burocrático.
En cuanto a la élite no gobernante (élite económica, social, técnica, cultural, etc.), Pareto considera que ésta corresponde a una distinción más formal que real porque
“toda élite es, en cierto sentido, de gobierno; puesto que toda ella -a través de influencias culturales y por la contribución en hombres- influye en el gobierno”[9]
Estas élites siempre se encuentran en contacto con el gobierno e influencian sobre él. Tal es el caso de las élites económicas de un país, conformadas por los más importantes dirigentes de los gremios de la producción o las finanzas (banqueros, industriales, comerciantes, agricultores, ganaderos, etc.) que, gracias a la cantidad y calidad de recursos que manejan, a su capacidad de financiar la reproducción de las élites gobernantes en el poder, o bien de incorporar a sus propios miembros –de manera transitoria o permanente- a la organización estatal, logran influenciar en la elaboración y ejecución de las decisiones o políticas públicas en beneficio de sus intereses gremiales o corporativos. Igual cosa acontece con las élites sociales que dirigen diversas organizaciones de la población de un Estado (religiosas, sindicales, de medios de comunicación, campesinas, docentes, etc.), que, sin tener la misma cantidad de influencia sobre las élites gobernantes, muchas veces inciden políticamente en sus decisiones y logran obtener del poder público beneficios individuales y colectivos.
Michels fundamenta el fenómeno de las élites dominantes –que él llama “oligarquía”- en el concepto de organización, el cual, a su vez, se encuentra basado en el principio del menor esfuerzo que surge de la necesidad que tienen los grupos humanos de ahorrar la mayor cantidad posible de energía. En la medida en que en una agrupación se acumulan tareas debido al gran número de individuos que pertenecen a ella y a la complejidad de las mismas, es indispensable crear la organización, la cual define la estructura y las funciones diferenciadas de sus miembros. De allí que en toda organización exista una estructura jerárquica sobre la cual se distribuye el poder entre los diferentes órganos que la conforman[10].
Para Michels, en la medida en que la organización se va volviendo más compleja, la misma división del trabajo hace que las funciones se especialicen, creándose una burocracia jerárquica muy definida. Esto explica la tendencia oligárquica y burocrática de las organizaciones partidistas que aparece como una necesidad técnica y práctica que a la vez es un producto inevitable del propio principio de organización[11].
“Los especialistas nacen naturalmente por el desarrollo de la organización y se hacen indispensables para su funcionamiento, creando una burocracia rigurosamente delimitada con un gran número de grados (escalafón) y, aquellos que son los responsables de la organización, tienden a formar un círculo mas o menos cerrado. La profesionalización de esos individuos y su conciencia de poder sobre el resto de la membrecía, conduce a la oligarquía. El grupo reducido que controla el poder de la organización se denomina la élite”[12].
Con fundamento en esta teoría, Michels formula su famosa Ley de hierro de la oligarquía pues
“la organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores; de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegatarios. Quien dice organización, dice oligarquía”[13].
Por tanto, la naturaleza de toda entidad organizada conlleva hacia un régimen aristocrático, donde existe una minoría –oligarquía– que dirige a una mayoría que es dirigida. Y es la propia organización la que le otorga a la oligarquía los medios para concentrar el poder, perdiendo la mayoría toda clase de influencia real sobre sus decisiones.
Ese poder tiende a perpetuarse en las oligarquías porque éste le suministra a aquellos múltiples y variados recursos tales como el control de las comunicaciones, de los conocimientos y la información y la posibilidad de adquirir pericia y destreza en el manejo de las masas y organizar actividades tendientes a lograr los intereses individuales. Además, porque existen características de las masas que favorecen este fenómeno, tales como su indiferencia hacia las decisiones que se deben tomar, lo que hace necesario el direccionamiento de la minoría; la incapacidad de las masas para actuar, pues espera que la iniciativa venga de arriba; el sentimiento de gratitud de la masa hacia quienes actúan en su nombre, llegando a la creación de ídolos o cultos de la personalidad de los líderes, a los que suele considerar superiores intelectualmente[14].
Por otra parte, es importante subrayar que en los Estados federados o con importantes niveles de descentralización y autonomía territorial, las oligarquías o élites dominantes (gobernantes o no gobernantes) adquieren un mayor nivel de diferenciación político-territorial que en los Estados centralizados y sin autonomía de sus entidades territoriales. En el primer caso, puede suceder que las oligarquías regionales o locales tengan intereses distintos u opuestos a las oligarquías nacionales, hasta el punto de terminar imponiéndose a éstas. En estos casos, la renovación o circulación de las élites nacionales es más dinámica que en Estados centralizados y sin ningún nivel de autonomía territorial.
En conclusión, toda sociedad estará siempre, y bajo cualquier forma de organización de gobierno, en manos de una minoría organizada o clase gobernante que justifica sus actuaciones morales y jurídicas a través de una fórmula política. Es lo que Mosca llama “clase política” o “clase dirigente”, Pareto denomina “élite gobernante” o “élite dirigente” y Michels define como “oligarquía”, la cual suele tener origen en la milicia, la religión, la burocracia y/o en la economía, pero que, por el poder de mando que acumulan, se les denominan genéricamente “élites dominantes”.
2.1. CHAPETONES Y CRIOLLOS: LAS PRIMERAS ELITES DOMINANTES
En Colombia, las élites dominantes tuvieron su origen en el periodo monárquico colonial y fueron integradas, desde el siglo XVI, por un grupo heterogéneo de españoles blancos (peninsulares y criollos) conformado por comerciantes, agricultores, artesanos, religiosos, militares y burócratas.
Los “adelantados” y conquistadores que vinieron a América luego del descubrimiento, conformaron las primeras élites dominantes. En efecto, tras la conquista del territorio americano, la propiedad de la tierra se concedió solamente a algunos peninsulares como regalo o merced del rey, a través de la figura de la encomienda. Como quedó visto, el encomendero era un español que recibía el servicio de unos indios (encomendados) a los que debía instruir en la fe católica (labor que desarrollaban frailes y curas doctrineros). Los indígenas debían pagar a cambio un tributo o realizar unos servicios (mitas y mitayos). Estos encomenderos conformaron las primeras élites dominantes en las ciudades y villas coloniales.
Posteriormente, en el siglo XVII, ante la necesidad de obtener mayores recursos para sostener las guerras contra Inglaterra y Francia, la Corona puso en venta muchas tierras en sus dominios americanos, lo cual permitió a un gran número de peninsulares y criollos, y, excepcionalmente, a algunos mestizos, obtener títulos de propiedad. Igualmente se puso en venta oficios públicos, lo que les permitió a muchos españoles americanos apoderarse de cargos en los cabildos, favoreciendo el desarrollo y el afianzamiento de élites criollas locales.
Poco a poco en las colonias americanas se fue formando un grupo con poder social y económico cuyos integrantes recibieron el nombre de criollos. Lynch sostiene, que hasta el advenimiento de la dinastía borbónica al trono español (a mediados del siglo XVIII), las relaciones de dependencia entre las élites españolas, peninsulares y criollas, y la monarquía central no fueron absolutas y que lo que hubo fue un consenso colonial entre la monarquía, las instituciones, la burocracia y las élites criollas. Este consenso duró desde el siglo XVII hasta 1750 en que el Estado absolutista inicia un reformismo tendiente a rescatar el poder económico y social en América. Los Borbones tratarían, según Lynch, de devolver a los americanos a una dependencia primitiva que no había existido apenas más de un siglo[15].
2.2. MESTIZOS, INDIGENAS Y NEGROS: LA MASA DE
Es evidente que el mestizaje en América Latina constituyó uno de los grandes acontecimientos culturales de la historia. Se estima que en el Nuevo Reino de Granada, este proceso comenzó a mediados del siglo XVI cuando se consolidan las ciudades y villas fundadas y se inicia una nueva pauta de asentamientos blancos en todo el territorio. Para la misma época, las autoridades peninsulares comenzaron a permitir la emigración de españoles casados con sus respectivas esposas, y de mujeres esclavas blancas "moriscas". Mientras tanto, la ausencia de españolas “con pureza de sangre y buenas costumbres” hizo inevitable las uniones libres entre españoles e indígenas, y luego entre españoles y negras e indígenas y negros, dando origen así a diversas clases de mestizaje y a una población llamada mestiza.
Estos mestizos, sin embargo, fueron marginados de cualquier posibilidad de ascenso social o de poder político. A finales del siglo XVI, cuando el mestizaje comenzó a ser notorio, las autoridades coloniales elaboran normas sociales, religiosas y morales con el propósito de impedir el ascenso social y político de los mestizos. No obstante, en el siglo XVII, ante los apuros económicos de la Corona , los mestizos entran a competir con los españoles peninsulares y criollos por la compra de los cargos burocráticos, eclesiásticos y docentes y, a través de este mecanismo, de alguna manera entran a hacer parte de la élite dominante colonial, aunque en mínima proporción y solo en los mandos inferiores. Incluso, la legislación colonial de esta época permitió que mediante la compra de cédulas de gracias los mestizos, especialmente los afromestizos, pudieran obtener un certificado de blancura que los acreditara como blancos. Esta política fiscal, cuya finalidad era incrementar los ingresos de la Corona española, permitió asimilar la población mulata con mayores recursos a la población blanca, lo que benefició a muchos afromestizos que, en algunos casos, lograron por esta vía adquirir su libertad, o en otros, ascender socialmente y hasta adquirir cargos públicos.
Ya para el siglo XVIII la población mestiza había adquirido un tamaño considerable y una gran importancia económica, dificultando muchas veces su clasificación social ante la dificultad de establecer una gradación del mestizaje. No obstante, siguió siendo discriminada y mirada con desconfianza y desprecio por los peninsulares y criollos[16].
En cuanto a la población indígena y negra, éstas fueron relegadas durante todo el periodo colonial a la base de la pirámide social, sin ninguna posibilidad de ascenso ni poder político, con excepción de algunos caciques que tenían la condición de alcaldes o gobernadores indígenas y por tal razón gozaban de ciertos privilegios. En Colombia, esta condición de exclusión y marginalidad de indígenas y negros se prolongó durante el periodo republicano, y aún se mantiene, no obstante los avances logrados en la Constitución de 1991.
2.3. LAS ELITES REPUBLICANAS
La revolución de independencia de las colonias americanas contra los países imperialistas europeos, no significó una ruptura importante en la composición de las élites dominantes que venían del régimen anterior. Tampoco significó un quiebre del orden social, económico y político colonial. Prácticamente el poder político, económico y social siguió en manos de los mismos españoles, ya no peninsulares, sino ahora criollos. En el caso de la Gran Colombia y la Nueva Granada
2.3.1. Primera renovación o circulación de la élite gobernante republicana (siglo XIX). A partir de 1849 se produce la primera renovación o circulación de la élite republicana dominante del país con la llegada al poder de dirigentes de ideología liberal y, por tanto, librecambistas y federalistas, que inician un proceso de inserción de la economía granadina en las corrientes del comercio mundial[18]. Se inicia entonces el ascenso político de una nueva clase o élite dirigente conformada por la burguesía mercantil, agroexportadora y artesanal neogranadina.
En efecto, durante el periodo de la primera república conservadora, la economía del país se encontraba aislada del comercio internacional y por tanto, estancada en un sistema autártico de producción rural poscolonial. A partir de 1850, con la llegada de la élite liberal al poder, se inicia un periodo de desarrollo capitalista que, no obstante los efectos negativos e injustos que se le atribuyen por su tendencia a concentrar excesivamente la riqueza, permitió romper con las estructuras señoriales, estáticas y autoconsumidoras de la economía colonial del periodo anterior. El desmonte del monopolio estatal del tabaco y su libre producción y comercialización; la desamortización de bienes de manos muertas que liberó grandes extensiones de tierras altamente productivas antes en poder del clero; la abolición de la esclavitud, la extensión y auge del cultivo del café, especialmente en el centro del país, y la eliminación de los impuestos de aduana, medidas adoptadas por los gobiernos de la “Primera República Liberal” favorecieron el desarrollo y el fortalecimiento de esta nueva élite.
Palacios dice al respecto que:
“Hasta 1870, ya se había acomodado en la capital colombiana –ciudad provinciana y aislada de 40.000 habitantes- un apretado grupo de familias, “una nueva clase” comandada por “aquellos mozos fuertes de una segunda generación de campesinos” que 20 años atrás se había inspirado en los gólgotas, e inclusive había formado el corazón de su vanguardia juvenil. No eran bogotanos raizales. Casi todos provenían de la modesta provincia; de municipios y clases pobretonas. Por las avenidas de la política o el comercio, o por las dos juntas, lograron el ascenso social o económico. Los presidentes Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra o Santiago Pérez, y los hermanos Samper o los Camacho Roldán, fueron sus hombres mas prominentes así como los representantes sociales y políticos más distinguidos de la época abierta con el triunfo del librecambismo”[19].
Refiriéndose al perfil oligárquico de estas élites, el mismo autor señala que:
“Desde 1860, con el auge del tabaco, se observa gran animación en las transacciones de tierras en el centro del país. Los comerciantes y políticos liberales pujan con entusiasmo en los remates de bienes eclesiásticos. Además, todos, liberales y conservadores, empiezan a comprar tierras en los valles del altiplano y en las zonas cálidas de la hoya del Magdalena. Los futuros pioneros del café están en esa lista de los nuevos oligarcas. Es frecuente encontrar en ella el mismo nombre como terrateniente urbano y rural, ganadero, importador, accionista de banco, concesionario de tierras baldías. Para muchos de ellos el café se convertirá en la actividad mas importante en el último decenio del siglo XIX, aunque los mas prudentes de cuidarán de tener los pies bien afirmados en otra parte: detrás de un mostrador en un almacén de la calle real fue lo mas frecuente”[20].
Entre los más importantes dirigentes de esta élite liberal, encontramos a Jose Hilario López, Jose María Obando, Tomas Cipriano De Mosquera (quien inicialmente fue conservador y luego se convirtió al liberalismo radical), Vicente Azuero, Florentino González, Francisco Javier Zaldúa, Ezequiel Rojas Ramírez, Manuel Murillo Toro, Aquileo Parra, Eustorgio Salgar, Jose María Rojas Garrido, Santos Acosta, Santos Gutiérrez, Sergio Camargo, Julián Trujillo, Rafael Núñez (Liberal Moderado O Draconiano), Jose Eusebio Otálora, Santiago Pérez Monsalva, Felipe Pérez, Felipe Zapata, Nicolás Esguerra Y Luis A Robles, entre otros, la mayor parte de los cuales desempeñaron el cargo de Presidente de la República y de Secretarios o Ministros de Estado.
2.3.2. Segunda renovación o circulación de la élite gobernante republicana (Siglo XIX). Durante 35 años la nueva élite dominante liberal logró mantenerse en el poder, conciliando los diversos y a veces encontrados intereses de los sectores que la conformaba: comerciantes librecambistas, artesanos proteccionistas y militares “libertadores” (fracción de la oligarquía decimonónica integrada por quienes habían participado en la guerra de la independencia)[21]. No obstante, a lo largo de ese periodo, la facción predominante al interior de esta élite fue la de los comerciantes, especialmente los agroexportadores, cuyos intereses clasistas giraban alrededor de un modelo económico de crecimiento hacia afuera y, por tanto, librecambista, que enfrentaba los intereses de la facción de los artesanos que propugna por un modelo de crecimiento hacia adentro y, por tanto, proteccionista de la producción nacional. Estas divergencias producirían una grave fractura al interior de la élite liberal al quedar dividida entre los llamados gólgotas (facción radical que pretende mantener el modelo librecambista) y draconianos (facción moderada conformada por los artesanos que se oponen al modelo). Varias revueltas del artesanado urbano del país deben ser sofocadas en este periodo por los gobiernos liberales en manos de los radicales.
Finalmente la élite liberal es derrotada y despojada del poder tras una cruenta guerra civil en 1885 que la enfrenta a la élite conservadora, apoyada por la facción liberal draconiana, que pasan a conformar el nuevo bloque dominante de poder. Se inicia así lo que hemos denominado la “Segunda República Conservadora”, la cual se extiende hasta el año de 1930.
En nuestro concepto, la guerra civil de 1885 fue definitiva para crear y consolidar el Estado nacional unitario consagrado en la Carta de 1886 y que aún mantenemos. Esta Constitución creó un modelo de Estado supuestamente conciliador de los intereses de centralistas y federalistas al consagrar el principio de la "centralización política con descentralización administrativa" donde el poder político seguía centralizado en Bogotá pero las distintas provincias del país -ahora llamadas departamentos- contaban con un relativo grado de autonomía administrativa para manejar sus propios asuntos. No obstante, la Constitución de Núñez -como se le llamó- creó un régimen político hegemónico cerrado –en los términos de Dahl– caracterizado por libertades de asociación, expresión y participación muy restringidas y la exclusión de amplios sectores de la población al derecho al sufragio (pobres, mujeres, analfabetas, indígenas, negros, etc.)[22].
Este sistema, que predominó a finales del siglo XIX y los tres primeros decenios del XX, con oligarquías conservadoras y clericales ancladas de manera excluyente en el poder, produjo la polarización de la lucha política en el país, en un periodo donde comienzan a darse una serie de transformaciones sociales y económicas generadas por una temprana urbanización, la presencia de una renovada burguesía agroexportadora e industrial y la aparición progresiva de la clase obrera; la construcción de carreteras, ferrocarriles y otras obras de infraestructura básica. Es un período que se caracteriza, en lo económico, por la prevalencia de un modelo de economía abierta, mono-agroexportadora[23], de escaso intervencionismo estatal. En lo político, por una fuerte hegemonía en el poder de las elites latifundistas y por la exclusión de cualquier forma de participación política partidista, aunque se permitiera de manera muy restringida el juego democrático.
En efecto, hacia los años veinte aparecen algunas manifestaciones de movilización social que giran alrededor de las reivindicaciones del proletariado agrícola bananero y del naciente proletariado obrero que reclaman una mayor intervención del Estado en la regulación de los derechos y garantías laborales, movilización que es reprimida a sangre y fuego[24]. Es un período caracterizado por el auge de las exportaciones de café, especialmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica[25]; la extraordinaria concentración del ingreso, la adhesión al patrón oro; la organización de la hacienda pública (creación del Banco Central y otras instancias de emisión y control del gasto); grandes importaciones de bienes de consumo final; una fuerte participación extranjera en el control de la comercialización; el aumento de la deuda externa[26]; y el gasto público especialmente direccionado hacia la construcción de vías y ferrocarriles y la reafirmación de los conflictos regionales que habían llevado a la pérdida de Panamá en 1903 y se manifiestan a partir de 1919 con los conatos de separación de la región caribe.
2.3.3. Tercera renovación o circulación de la élite gobernante republicana (siglo XX). En el año de 1930, se produce una nueva renovación o circulación de la élite dominante en Colombia como consecuencia del regreso al poder de una nueva generación de la burguesía liberal, luego que la élite conservadora se dividiera electoralmente para las elecciones presidenciales de ese año. Como dijimos, para esta época estaba en ascenso una nueva clase social en Colombia conformada por el proletariado urbano y rural no campesino, que había comenzado a surgir desde el siglo XIX como consecuencia de la navegación fluvial a vapor y la operación de los puertos; la agroindustrialización del tabaco y el café y la construcción y operación de ferrocarriles y carreteras. A comienzos del siglo XX, luego de la separación de Panamá, el proletariado rural y urbano se ampliaría con la presencia de muchas empresas agroindustriales en el país financiadas con capital norteamericano (caucho, banano, caña de az{usar y petróleo), el cual terminaría desplazando al capital inglés que predominó durante todo el siglo XIX.
Paralelo al proceso de formación del proletariado urbano y rural, se observa también un proceso de integración política de las élites burguesas regionales, especialmente las de Bogotá, Antioquia y Valle, alrededor de la doctrina liberal, dando origen a la conformación de la burguesía nacional colombiana. Este proceso contrasta, para la época, con la aguda división que se observa al interior de la oligarquía conservadora, la cual mantenía los tradicionales esquemas del clientelismo y el caciquismo en el manejo de los asuntos públicos. Las élites burguesas liberales supieron aprovechar el desgaste de la dirigencia conservadora en el poder, las lamentables condiciones laborales del proletariado urbano y rural emergente y los atropellos y masacres cometidos en su contra (como la famosa “masacre de las bananeras”) para ganarse el apoyo de este sector y poder derrotar así, electoralmente, a la oligarquía conservadora.
El regreso al poder de los liberales, corresponde a una época impregnada por el ejemplo de la revolución mexicana de 1910 que realiza la más radical reforma agraria de América Latina; por la Primera Guerra Mundial que genera mayores corrientes migratorias hacia los países latinoamericanos, las cuales traen la nueva mentalidad europea del "estado de bienestar"; la revolución bolchevique que comienza a exportar el modelo político y económico del comunismo, y la crisis mundial producida por la gran recesión económica del veintinueve que conlleva a un cambio en la concepción del papel del Estado en el direccionamiento de la economía, inspirado en el New Deal (‘Nuevo Reparto’ o ‘Nuevo Trato’), nombre que recibió la política económica y social aplicada en Estados Unidos por el presidente Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933 y, concretamente, las medidas innovadoras adoptadas desde ese año hasta 1938, para contrarrestar los efectos de la Gran Depresión. Es una época de gran agitación social, donde los sectores populares conformados por la clase obrera, los trabajadores del campo, los artesanos y los burócratas de bajo rango salen a las calles a protestar contra las injusticias del régimen conservador y la falta de garantías sociales y económicas[27].
El liberalismo interpreta la época e introduce cambios fundamentales en la vida del país: liberaliza el régimen político ampliando el bloque constitucional y legal de libertades sociales y políticas (derechos a la igualdad social, a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la huelga, función social de la propiedad, etc.); pone en cabeza del Estado la dirección general de la economía y la función de impulsar el desarrollo económico y social mediante una masiva inversión de capitales en sectores multiplicadores de la producción de bienes y servicios; genera medidas económicas que favorecen el crecimiento de la demanda (subsidios y otros beneficios sociales) y protección a la oferta productiva (crecimiento hacia adentro y proteccionismo)[28] e implementa un ambicioso programa de reforma agraria que, como veremos, produce un abierto conflicto con las elites latifundistas conservadores y el clero.
Por otra parte, el comportamiento de la élite liberal en el poder se inscribe dentro de la lógica de reproducción del régimen político hegemónico decimonónico según la cual, el partido vencedor avasalla y excluye de cualquier participación en el gobierno y la administración al vencido (juego de suma cero) y, además, genera políticas públicas que golpean los intereses económicos de las elites perdedoras[29]. Hasta ese momento existe una marcada diferenciación de las bases sociales de los partidos políticos colombianos, eminentemente clasistas. El Partido Conservador recoge y canaliza las demandas de los medianos y grandes latifundistas, del clero -que durante la vigencia de la constitución liberal de 1863 había sido "víctima" de las leyes de desamortización de bienes de manos muertas- y de un sector del campesinado pobre (mestizos e indígenas semi-serviles amarrados al régimen de la hacienda ganadera). El Partido Liberal representa a los sectores urbanos pobres y de clase media, a los artesanos y a la burguesía mercantil e industrial. Por eso al liberalismo le cuesta poco implementar una reforma agraria que, sin llegara a ser radical, golpea los intereses de los hacendados y del clero.
2.3.4. Violencia partidista y deslegitimación del régimen hegemónico oligárquico. En el periodo de entreguerras, el país afronta dos grandes conflictos: por una parte, el originado por el enfrentamiento entre el proletariado rural y el campesinado en ascenso y la clase terrateniente propietaria de las haciendas ganaderas, bananeras y cafeteras; y el otro originado en el violento enfrentamiento entre las propias élites dominantes, conservadoras y liberales. Estas últimas, luego de estar 46 años por fuera del poder político, regresan con un discurso renovador y socialmente revolucionario, el cual se plasma en la invitación que hace el presidente Alfonso Lopez Pumarejo de “movilizar intelectualmente a las masas” y “sacudir la estructura ideológica de la república con vigor”. Los liberales creen en una revolución sin violencia, por los cauces pacíficos, donde las transformaciones se fundamenten en la redefinición social del concepto de ‘propiedad’ y en la eliminación de los remanentes feudales que aún perviven en la vida republicana. Es un liberalismo que, en lo económico, ha abandonado las teorías del laissez-faire y ahora es partidario de la intervención del Estado en el manejo de la economía.
PalacioS identifica, durante ese periodo de agitación agraria, tres grupos políticos bien definidos: los liberales de izquierda, representados en la oligarquía agrocafetera, industrial, comercial y financista; los liberales populistas o gaitanistas que recogen las aspiraciones de los sectores medios y pobres urbanos y semi-urbanos y los marxistas del naciente Partido Comunista Colombiano[30]. En nuestro concepto, en los dos últimos grupos, se encuentra el origen de la cuarta renovación o circulación de la élite dirigente colombiana luego del Frente Nacional, como mas adelante veremos.
El nuevo discurso liberal –tanto el moderado como el izquierdista- y el accionar del liberalismo desde el poder, genera un enfrentamiento de intereses económicos y sociales con la oligarquía conservadora que, como se dijo, la conforma los sectores terratenientes y clericales del país, que eran apoyados por un amplio sector campesino dependiente de la hacienda ganadera y cafetera. En el siguiente cuadro, mostramos las posiciones ideológicas de las nuevas élites liberales e izquierdistas:
CUADRO No. 1
LIBERALES REFORMISTAS, LIBERALES POPULISTAS Y COMUNISTAS
LIBERALES REFORMISTAS | Los liberales de izquierda intentaron incorporar la movilización rural al sistema político, neutralizar los focos de inconformismo y encauzar la esperanza en el reparto de la tierra. Quisieron demostrar que pese a las rigideces que mostraba el sistema hacendatario, era posible garantizar la estabilizar y conseguir la transición pacífica del régimen agrario si el sistema político demostraba suficiente flexibilidad y conseguía compromisos limitados que brindaran a las partes una salida limpia. “Es fácil ser liberal a costa de |
LIBERALES POPULISTAS | Los populistas, dirigidos por Jorge Eliécer Gaitán, corrieron en la misma dirección pero partieron de una base distinta. Buscaron incorporar la protesta agraria a su movimiento de oposición política a la república liberal. Tuvieron que combatir simultáneamente a los liberales reformistas que operaban en la cúpula del Estado y los notables locales y caciques. |
LOS MARXISTAS | Los marxistas del naciente Partido Comunista compartían el diagnóstico de los liberales –la lucha antifeudal- pero aspiraron a convertir lo que para los primeros parecía meta-física, en ideología en acción. Intentaron construir, a partir de la movilización campesina, organizaciones estables y permanentes. Fueron los únicos que lograron crear, en el radio geográfico de las veredas densamente cafeteras de un municipio, Viotá, las condiciones para que operara un poder local alternativo; destruyeron las bases tradicionales del caciquismo y despejaron uno de los flancos que cubría el orden hacendatario. Con todo y su expresión política, la amenaza desde abajo fue débil y aislada. Aún los campesinos guiados por los comunistas no consiguieron superar el individualismo, desbordar el localismo, ni aliarse con otros grupos campesinos insurgentes, por cercanos que estuvieran. |
Consecuente con ese pensamiento, el liberalismo moderado, recién instalado en el poder, impulsa una ley de reforma agraria similar a la mexicana, llamada "Ley de Tierras" (ley 200 de 1936) que es aprobada por un Congreso mayoritariamente liberal. La expedición de esta ley agudizó las contradicciones y los enfrentamientos entre las elites dominantes del país. Al despojo de sus tierras los terratenientes reaccionan con la violencia en el campo creando grupos paramilitares (bandas de pájaros) los cuales, con la aquiescencia del gobierno conservador de OSPINA, arrasan con las cosechas y las viviendas de los campesinos beneficiados por la reforma. El liberalismo responde (grupos de “chusmas”) y se generaliza la guerra partidista. Se cuentan por miles las víctimas de este enfrentamiento[32].
Esta violencia -animada desde los púlpitos por el clero- se agudiza a finales de los años cuarenta cuando el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán es asesinado en una céntrica calle de Bogotá (9 de abril de 1948). Para entonces el partido liberal había perdido la Presidencia por su división para las elecciones de 1946.
Entre 1946 y 1950 el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez genera una dura represión contra el liberalismo y en medio de la generalización de la violencia, se produce el asesinato de Gaitán. La violencia se multiplica en términos exponenciales. Para las elecciones de 1950 el partido liberal no presenta candidato y en medio de fuertes denuncias de fraude electoral, resulta elegido Presidente el conservador Laureano Gómez quien llega con deseos de propiciar un arreglo institucional al conflicto. Sin embargo no logra calmar el odio partidista que en ese momento carcome las bases mismas de la institucionalidad del Estado hasta el punto que la policía se encuentra politizada y genera enfrentamientos con el ejército. Hay sectores de la misma oligarquía conservadora opuestos al gobierno.
En términos de Linz, el régimen hegemónico de Gómez y el mismo esquema hegemónico partidista, se encontraba deslegitimado al perder el apoyo de casi todos los actores políticos que habían logrado mantenerlo en el poder y la creencia en su legitimidad por parte de la mayoría de la población[33].
2.3.5. La “quiebra de la democracia”: dictadura militar de Rojas Pinillas. Frente al peligro de una guerra civil de mayor escala, el 13 de junio de 1953 el Mayor General de Ejército Gustavo Rojas Pinillas, con el respaldo de toda la comandancia de las fuerzas militares, el clero, la dirigencia liberal y un sector del partido conservador, le da golpe de Estado al Presidente constitucional Laureano Gómez, quien debe exiliarse en España. Rojas Pinillas aduce actuar en defensa y representación de los intereses de la nación, a la que se deben las fuerzas militares: "la nación por encima de los partidos", fue su frase célebre[34].
El golpe militar de Rojas Pinillas si bien no deja de ser apreciado como un quiebre a la democracia colombiana, fue justificado si se considera que en esos momentos el país se encontraba al borde de la guerra civil por los enfrentamientos partiditas. ROJAS inicia un gobierno dictatorial, de corte populista, a la manera de Juan Domingo Perón en Argentina, a quien trata de imitar estableciendo un programa de asistencia social similar al que María Eva Duarte de Perón, su esposa, dispensa entre los sectores pobres de la población[35]. Este programa, que maneja su hija María Eugenia (La “Capitana”), logra granjearle una amplia simpatía entre los sectores populares que obviamente incomoda a las elites bipartidistas[36].
En cuanto a la política de reconciliación, Rojas logró desmovilizar, desarmar y reinsertar a la vida civil a pequeños grupos de guerrilleros liberales, como el de Guadalupe Salcedo cuyos militantes son indultados, pero el posterior asesinato de este cabecilla y la natural desconfianza hacia el gobierno militar terminan haciendo fracasar sus propósitos[37].
En sus casi cuatro años de gobierno (1953-1957) Rojas pretende crear un régimen de corte populista -similar al que en ese momento existe en Venezuela (Pérez Jiménez), Argentina (Perón) y Brasil (Getulio Vargas)- basado en lo económico, por una política de redistribución de ingresos por la vía de la asistencia social, la inversión en obras públicas y un modelo de industrialización sustitutiva y de protección al mercado nacional. El dictador quiere legitimar su régimen y tiene aspiraciones de convocar elecciones y presentarse como candidato. Rojas -que sabía que el prestigio de su gobierno estaba erosionado por el fracaso de su política de paz, el enfrentamiento que mantenía con los industriales y el clero y algunos excesos de las fuerzas militares en la represión del orden público- entendió que era el momento de legitimarse por la vía democrática pues contaba con un buen apoyo de los sectores populares, especialmente de clase media urbana. Realmente, hasta ese momento, la historia política del siglo XX en el país no registraba ningún antecedente de gobiernos populistas[38].
2.3.6. El Frente Nacional y la alternancia en el poder de las élites gobernantes. Ante las pretensiones de Rojas de anclarse en el poder, las oligarquías de los partidos tradicionales comenzaron a propiciar diversos escenarios de concertación y diálogo para encontrar salidas a la crisis. Los diálogos se dan dentro y fuera del país y terminan en 1957 con la firma de un documento en el balneario español de Benidorm (sobre el Mediterráneo) entre el jefe del liberalismo Alberto Lleras Camargo y el exiliado jefe conservador Laureano Gómez. Allí se pacta el Frente Nacional como un sistema "turnista" de gobierno que permite a los partidos liberal y conservador alternarse cada cuatro años la presidencia de la república para un periodo total de dieciséis años (a razón de dos períodos por partido), contados a partir de 1958. Igualmente se acuerda un reparto paritario de la burocracia estatal en los niveles nacional, departamental y municipal, y la concertación de las políticas macroeconómicas y sociales entre los partidos de tal manera que evitara lesionar los intereses vitales de las elites dominantes. Al término de ese periodo, se volvería al libre juego democrático pero el partido ganador debía darle una participación equitativa y adecuada al partido que le siguiera en votos.
El "pacto" suponía igualmente concitar "la voluntad nacional" para derrocar a Rojas Pinillas que, para 1.957, había mermado su popularidad ante los desafueros del ejército contra las movilizaciones de estudiantes universitarios y obreros que protestaban contra la dictadura, el sistema educativo y la política salarial del gobierno. En el mes de abril de 1957 una Junta Militar derroca al dictador y convoca a un plebiscito nacional -previsto en el pacto liberal/conservador- para el 10 de mayo de ese año, el cual aprueba finalmente una reforma a la Constitución de 1886 que contiene el "Pacto de Benidorm".
En desarrollo de estos los acuerdos, en el año de 1958 se realizan elecciones para elegir Presidente de la República para el primer periodo (1958 - 1962) donde sólo debían presentarse candidatos del partido liberal. Resultó electo Alberto Lleras Camargo. Para el segundo período (1962 - 1966) es elegido el conservador Guillermo León Valencia; para el tercero el liberal Carlos Lleras Restrepo (1966 - 1970) y para el cuarto y último período el conservador Misael Pastrana Borrero (1970 - 1974). A partir de esa fecha, se acaba la alternancia en el poder pero sigue la colaboración bipartidista, hasta 1982, debido a la obligación constitucional que tenía el partido ganador de darle una adecuada y equitativa participación al que le siguiera en votos[39].
2.3.7. Recomposición de las élites gobernantes y no gobernantes. Industrialización y urbanización. Después de la Segunda Guerra
Por otra parte, la integración de las oligarquías burguesas regionales –que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX- trajo consigo un proceso de expansión del capital comercial e industrial en Colombia y, por tanto, una época de crecimiento económico que reforzó la necesidad de ampliarle al Estado sus funciones intervencionistas del mercado. Para entonces, la población del país había pasado del 5% en 1870 al 30% en 1938 y al 60% en 1968; se había iniciado un proceso migratorio campo-ciudad y habían mas establecimientos de comercio, de industrias, universidades, etc. Palacios considera que en esta etapa liberal de la industrialización del país (1930-1945) el papel del Estado fue indirecto y débil, pues no obstante la institucionalización del intervencionismo de Estado consagrado en la reforma constitucional de 1936, no hubo una inversión directa de éste para la industrialización, ni tampoco hubo políticas económicas para que el país se industrializara.
Ciertamente, en los primeros gobiernos de la Segunda República
Fué a partir de 1940 cuando la élite gobernante liberal vincula directamente los intereses del Estado colombiano a los de la burguesía industrial del país al impulsar políticas públicas de fomento de este sector y crear las primeras entidades estatales de apalancamiento del mismo, como el Instituto de Fomento Industrial (IFI), la Empresa Colombiana
Sin embargo, este proceso industrializador no condujo a una distribución homogénea del desarrollo, generando grandes desequilibrios inter e intraregionales, especialmente en las zonas geográficas periféricas. La industrialización favoreció especialmente las zonas cafeteras del centro del país, donde se localizaron las industrias. Se conforma así el llamado “triangulo de oro” de la economía colombiana conformado por el territorio comprendido por tres polos de desarrollo: hacia el oriente, Bogotá, la capital; al occidente, el eje Cali-Buenaventura (puerto por donde se realiza el 60% de las exportaciones e importaciones del país), y hacia el nororiente por Medellín (la capital textilera de Colombia). Mas hacia el norte, en el caribe colombiano, Barranquilla logra un desarrollo epicéntrico al convertirse en el segundo puerto por donde se realizan las importaciones.
Todo este proceso de transformación del sistema productivo nacional, produjo a la vez una importante recomposición del orden social y político, al modificarse la ecuación de la distribución poblacional, que pasa a ser predominantemente urbana; la estructura familiar (menos extensa y mas dispersa); las tasas de natalidad y mortalidad (que aumentan y se reducen respectivamente); las tasas de alfabetización y escolaridad (que mejoran) y, por supuesto, la estructura de las élites dominantes y sus relaciones de dominación inter e intrarregionales, con la desaparición de los viejos focos de poder que sustentaban a los caudillos militares y políticos del periodo decimonónico (Gran Cauca, Boyacá y Santander); la generalización de prácticas clientelistas y gamonalescas en todos los niveles de la administración pública; y la aparición de nuevas élites gobernantes, especialmente burocráticas, y no gobernantes, nacionales, regionales y locales, las primeras amangualadas por un régimen milimétrico de repartición del poder basado en relaciones de clientela.
Entre los efectos políticos más importantes que produjo el Frente Nacional y que tuvieron incidencia en la recomposición de las élites gobernantes en Colombia, encontramos:
a) La institucionalización del bipartidismo y la feudalización del Estado. El pacto “turnista” del Frente Nacional, institucionalizó en el país el bipartidismo (alternancia en el poder de los dos partidos tradicionales) y la feudalización[40] del Estado que quedó parcelado y adjudicado a múltiples facciones del partido o coalición de partidos gobernantes como retribución a los apoyos electorales. Estas facciones liberal-conservadoras siguieron funcionando con posterioridad a la terminación del pacto, incluso como disidencias de sus propios partidos y por fuera de la organización formal de los mismos, conformando coaliciones coyunturales alrededor de los gobiernos nacionales de turno.
b) Una cultura política[41] clientelista, caciquesca y gamonalescas. El Frente Nacional reprodujo viejas prácticas de relacionamiento político basadas en el clientelismo, el caciquismo y el gamonalismo electoral. El clientelismo político puede ser definido como la situación de relación mutua existente entre diversos agentes del Estado y ciertas personas o grupos de personas que, a cambio de apoyo político a aquellos, aceptan el trato privilegiado que se les ofrece[42]. En un sentido menos general, podemos considerar el clientelismo como una relación de dominación de intercambio, en la cual un individuo de status socioeconómico más elevado (patrón) usa su propia influencia y recursos para proveer de protección o beneficios, o ambos, a una persona de un status menor (cliente), quien, por su parte, obra recíprocamente ofreciendo apoyo general, asistencia, servicios personales y fidelidad a su patrón. En otras palabras, los arreglos clientelares están construidos sobre transacciones asimétricas, aunque mutuamente beneficiosas y abiertas, basadas en el control diferencial que los actores tienen sobre el acceso y el flujo de recursos en una sociedad[43].
En Colombia, como en la mayor parte de los países de América Latina, el clientelismo político ha estado presente en todas las instancias de su vida institucional, incluso desde el mismo momento fundacional del Estado republicano, y ha creado una cultura política permisiva al reparto feudal de la administración pública, al tráfico de influencias, la apropiación y el uso indebido del patrimonio público, el enriquecimiento ilícito, el caciquismo y la compraventa del voto.
Igualmente, el Frente Nacional generó una cultura política cristalizada en las zonas rurales y semi-urbanas del país bajo las formas del caciquismo o gamonalismo electoral[44] heredadas de las viejas relaciones sociales de producción de la hacienda ganadera y en los centros urbanos por la incorporación al mercado electoral de buena parte de los sectores populares inmigrantes del campo, que se anidan en la periferia de las pequeñas, medianas y grandes ciudades ante su precaria situación de económica.
2.3.8. Cuarta renovación o circulación de las elites dominantes. A partir de los años 70 irrumpen en la vida política colombiana nuevos actores que representan intereses distintos a los de las élites tradicionales del país (gobernantes y no gobernantes), muchos de los cuales se encuentran por fuera del orden institucional republicano. En primer lugar, se trata de grupos económicos mafiosos vinculados a las actividades del narcotráfico (marihuana, coca y amapola) y el contrabando (licores, cigarrillos, textiles y electrodomésticos) que crean una fuerte economía subterránea que pronto permeabiliza y corrompe a todos los estamentos de la sociedad colombiana, penetrando igualmente las estructuras oligárquicas del poder político. Es indudable que los cárteles del narcotráfico durante los últimos 30 años han ejercido una gran influencia sobre el Estado colombiano, no solamente sobre el territorio (donde grandes extensiones de tierras han sido destinadas al cultivo de la marihuana y la coca alterando considerablemente el equilibrio ambiental) y la población (cuya economía ha sido impactada por la influencia de los llamados “dineros calientes”) sino, ante todo, en el poder público donde los poderosos tentáculos de estas élites mafiosas han llegado a doblegar la voluntad del Congreso de la República , de las altas cortes de justicia y de las autoridades ejecutivas. Con el poder de su dinero, las mafias del narcotráfico y el contrabando han elegido presidentes, congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales y han influido en la aprobación de leyes y decisiones judiciales y ejecutivas favorables a sus intereses.
En segundo lugar, encontramos diversos movimientos guerrilleros que aparecen en los años 60 inicialmente como grupos de autodefensas liberales, pero que luego, con el triunfo de la Revolución Cubanala República Dominicanala Presidencia de la República , demuestran el poder ofensivo, defensivo y contra-ofensivo de estos grupos alzados en armas y su incidencia en la vida política del país. Algunos de estos grupos como el M-19, el Quintín Lame y el EPL negociaron con el Gobierno su reinserción a la vida civil, ocupando sus élites importantes cargos en la alta dirección del Estado colombiano.
Una tercera élite post-frentenacionalista que aparece en la vida política colombiana es la que lidera los grupos paramilitares. El paramilitarismo aparece en la escena nacional como consecuencia de la incapacidad del Estado de derrotar militarmente los grupos guerrilleros o reinsertarlos a la vida civil por la vía de la negociación. Ante la arremetida de la guerrilla contra los intereses de las élites económicas del país, especialmente del sector agropecuario, surgen inicialmente grupos de autodefensas campesinas que luego el propio Estado legaliza bajo la figura de “cooperativas de vigilancia rural” y entrena en sus propios cuarteles militares. Estos grupos darían paso a un movimiento armado de mayor cobertura nacional, fuertemente entrenado en la lucha anti-guerrillera y financiado con los aportes de los finqueros y de las actividades del negocio del narcotráfico. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a igual que los grupos guerrilleros, terminarían convirtiéndose en los más poderosos cárteles de la droga en Colombia, actividad de donde obtienen la financiación de su guerra. Estos grupos –hoy en su mayor parte desmovilizados- también han tenido una gran injerencia en la vida política nacional, contribuyendo a elegir presidentes de la república, congresistas, gobernadores, alcaldes y nombrar fichas suyas en altos cargos del Estado.
Otro fenómeno que ha contribuido a la circulación de las élites dominantes en Colombia en los últimos treinta años, aunque menos perceptible y más difuso, es la aparición de nuevos movimientos cívicos y de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la población civil (llamada Sociedad Civil) como consecuencia de las grandes transformaciones que experimentó el sistema político colombiano en las décadas de los años ochenta y noventa. En efecto, como consecuencia de la crisis de la deuda externa de finales de los años 70; la crisis del modelo keynesiano intervencionista y su política de crecimiento hacia adentro; la necesidad de los organismos multilaterales de crédito de que los Estados prestamistas garantizaran el pago oportuno de la deuda; las masivas protestas ciudadanas de los años 80 contra la ineficacia del Estado en la prestación de los servicios públicos y la urgencia de generar nuevos espacios de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones del Estado, se implementaron una serie de reformas institucionales, como la elección popular de alcaldes y gobernadores, la mayor participación de los municipios y departamentos del país en los ingresos corrientes de la nación, el reconocimiento y la inclusión política de nuevos sectores sociales, económicos y culturales; la ampliación del bloque constitucional de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales; la creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana y de control político (acciones de tutela, de cumplimiento, populares, colectivas, etc.). Todo lo anterior ha generado una mayor participación de la ciudadanía en la vida política nacional, regional y local y una nueva cultura cívica más crítica, contestataria, independiente, capacitada y actuante. Esta cultura ha aportado al sistema político nacional muchos actores individuales y colectivos (ONGs, juntas y comités comunitarios, veedurías ciudadanas, etc.) que conforman una nueva “élite” dirigente que comúnmente se conoce con el nombre de “dirigencia cívica” cuyo campo de acción es mas urbano que rural.
Asímismo, la elección popular de alcaldes y gobernadores, la prolongación de sus periodos a 4 años; la mayor autonomía administrativa y fiscal en el manejo de los asuntos regionales y locales y la apertura del régimen político democrático, ha permitido el resurgimiento y fortalecimiento de élites políticas locales y regionales con algún poder de negociación frente a las élites nacionales, especialmente aquellas que tienen representación en el Congreso de la República.
Todas estas nuevas élites dirigentes del país (legales e ilegales), quiérase o no, actúan en el sistema político colombiano a la par de las élites tradicionales, muchas veces mimetizadas entre éstas y otras en abierta oposición a sus intereses. El actuar de estas élites, su injerencia en la formulación y ejecución de las políticas públicas y las decisiones que producen en el poder público, es lo que define la vida política nacional y conforma, finalmente, el Sistema Político Colombiano actual.
[1] [1] Ensayo escrito en 1999 para la asignatura Sistema Político Colombiano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena.
[2] En nuestro concepto, la evolución del Estado colombiano comprende dos grandes periodos históricos: a) el PERIODO MONARQUICO o FORMATIVO dentro del cual se formaron o moldearon los elementos constitutivos y estructurales de nuestro Estado, como el territorio, la población y el poder público, y b) el PERIODO REPUBLICANO o CONSTITUTIVO donde, como su nombre lo indica, se constituye formalmente, mediante la expedición de una constitución política, nuestro actual Estado republicano, dando origen al cuarto elemento, que es el de la soberanía.
[3] El sistema político conforma un particular tipo de vida social que Easton denomina “vida política”. Esta es definida como una serie compleja de procesos mediante los cuales ciertos tipos de insumos (inputs) se convierten en tipos de productos (outputs) que podemos denominar POLÍTICAS AUTORITARIAS o PUBLICAS, decisiones y acciones ejecutivas. En este sentido, el sistema político es un sistema de conducta incorporado a un ambiente a cuyas influencias está expuesto permanentemente, el cual se caracteriza por ser adaptativo, autorregulador y auto-transformador.
[4] En lógica, una antinomia es una contradicción entre dos leyes o principios determinados, que surge cuando se pretende analizar mediante ellos un determinado caso particular.
[5] Las dos últimas síntesis no se derivan directamente de la Constitución de 1991, sino que obedecen, en el primer caso, al modelo de desarrollo adoptado por el país a partir de 1982 y, en el segundo caso, a posiciones ideológicas o pragmáticas del gobierno de turno, de negociar o no negociar frente a un conflicto. Por ejemplo, el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango transó con la FARC el despeje de un amplio territorio para realizar negociaciones de paz; en cambio el de Álvaro Uribe fué intransigente en negociar un acuerdo humanitario para el intercambio de prisioneros de guerra.
[6] Mosca, gaetano. elementos de ciencia política. fondo de cultura económica, méxico, 1984.
[7] Pareto, Wilfredo. Manual de Economía Política. Editorial Atalaya. Buenos Aires, 1945. p. 100
[8] Ídem. Pág 108.
[9] Idem. pág. 109.
[10] Michels, Robert. Los Partidos Políticos. Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 1979. pág. 67.
[11] Ibídem. pág. 80.
[12] Ídem.
[13] Ibídem. pág. 189.
[14] Ídem. p. 192.
[15] Lynch, Jon. Op. cit. pág. 138
[16] Los afromestizos fueron más discriminados que los indomestizos. A los primeros se les impedía la libertad de movimiento; se reglamentó su vestimenta, se le prohibió el uso de armas y no podían acceder a la educación superior.
[17] Un “paréntesis” en ese periodo hegemónico conservador es el gobierno de Francisco de Paula Santander, quien fue presidente de la república entre 1832 y 1837.
[18] Mosca afirma que existe renovación de la clase dirigente cuando la que detenta el poder pierde la importancia en los ambientes en los cuales vive y no logra mantener las cualidades que la llevaron al mismo. “La renovación no está dada por la misma clase dirigente, sino por la acción de otra, ya que aquella en el poder, tiende a perpetuarse o cristalizarse, aprendiendo cada día mas a sostenerse, llegando incluso a creer que tienen derecho propio para mandar a las que están abajo, que a su vez también se han acostumbrado o resignado a su situación de gobernados” (Ibídem, pág 50). Sobre este mismo tema, Pareto habla de la “circulación de la élite gobernante” que consiste en el paso de individuos de la clase inferior a la superior, produciéndose la sustitución de las élites antiguas por otras. Esta circulación se da por dos movimientos: uno de individuos entre la clase selecta y la no selecta y su velocidad depende de las condiciones reales que brinde el sistema para que el individuo pueda pasar a la clase superior; y el otro movimiento se da con el cambio de una clase selecta por otra. “Las aristocracias no duran. Por las razones que sea, es incontrastable que, al cabo de un cierto tiempo, desaparecen. La historia es un cementerio de aristocracias (…) y gracias a la circulación de las clases selectas, la que está en el gobierno se encuentra en un estado de continua y lenta transformación, fluye como murió y la de hoy es distinta a la de ayer”. A largo plazo, la circulación y el reclutamiento de las élites mantienen el equilibrio del sistema social, asegurando la movilidad ascendente de los más aptos en todos los ámbitos. (en: Formas y Equilibrios Sociales. Revista de Occidente. Madrid, 1967. p. 74-75).
[19] Palacios, Marco. El Café en Colombia. 1850-1970. 3ra edición. Editorial Planeta. Bogotá, 2002. pág. 108.
[20] Ibídem. pág. 113.
[21] Entre la facción de los militares “libertadores” encontramos prominentes figuras como Tomás Cipriano de Mosquera (que inicialmente perteneció al Partido Conservador y luego se convirtió al liberalismo), José Hilario López, José María Obando, José María Melo, etc.
[22] Robert Dahl establece ocho prerrequisitos para que se de una democracia: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad del voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. Cuando no se dan algunos de estos requisitos se estaría en uno de los siguientes regímenes: "hegemonía cerrada", "oligarquía competitiva", "hegemonía representativa" o una "poliarquía" que es la democracia, sino plena, sí racionalmente aceptable. (en "La Poliarquía. Participación y oposición". Editorial Tecnos S.A. Madrid 1.997)
[23] El café ha sido el tradicional producto de exportación de Colombia.
[24] García Márquez relata en "Cien Años de Soledad" la masacre de obreros bananeros realizada por el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez en la población de Ciénaga (Magdalena) en el año de 1.928.
[25] El café se convierte en el primer subsector económico del país. Entre 1910 y 1960, representa entre el 60 y el 80% del valor de las exportaciones las cuales entre un 70 y 90% son hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
[26] Pocos años después de la independencia, el país comenzó a endeudarse mediante la consecución de empréstitos con banqueros ingleses. Pero el comportamiento de la deuda externa nunca fue un problema para las finanzas públicas en el siglo XIX y buena parte del XX.
[27] Ramirez Del Valle, Bernardo. “El pactismo en los procesos de transición hacia la democracia en América Latina”. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Conferencia. La Rábida (Huelva-España), 1999.
[28] Reformas de corte keynesiano. Sobre el impacto que produce la gran depresión del 29 en las economías y las estructuras políticas de los estados del mundo y particularmente de América Latina, consultar el artículo de Margaret Weir y Theda Skocpol titulado "Las Estructuras del Estado: una respuesta "keynesiana" a la Gran Depresión ". Revista Zona Abierta 63/64. 1.993.
[29] El liberalismo se mantiene en el poder durante 16 años (1.930-1.946). En 1.946 se divide (entre las candidaturas del oficialista Gabriel Turbay y el populista Jorge Eliécer Gaitán) y regresa al poder el conservatismo con Mariano Ospina Pérez.
[30] PALACIOS, Op. cit. pág. 380
[31] Ibídem. pág. 380
[32] A este período se le conoce con el nombre de la "época de la violencia" y se caracteriza más por ser un enfrentamiento entre elites oligárquicas que entre clases sociales. Obviamente los muertos los pone el campesinado y los sectores pobres y medios de los centros urbanos.
[33] Linz, Juan. "La quiebra de las democracias". Alianza Editorial. Madrid, 1.996.
[34] Esta autopercepción de ser los auténticos representantes de la nación es típica no solamente entre los militares latinoamericanos sino también europeos.
[35] A través del Servicio Nacional de Asistencia Social (SENDAS) Rojas logra legitimar inicialmente su origen.
[36] Años más tarde -durante el último periodo del Frente Nacional- Rojas recurre a esas banderas populistas para animar su propia campaña a la presidencia de la república la cual resulta ser exitosa. Su partido, la Alianza Nacional Popular (ANAPO) se declara victorioso de las elecciones del 19 de abril de 1. 970 las cuales oficialmente le dan el triunfo por escaso margen al candidato conservador Misael Pastrana Borrero. Ante el supuesto fraude, un sector de la ANAPO decide incursionar en la lucha armada y funda el Movimiento 19 de Abril (M-19) que después de muchos años de golpes espectaculares decide reinsertarse a la vida civil y convertirse en un partido político.
[37] Una buena parte de esa guerrilla que no negocia se declara comunista y da origen a las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
[38] Podría ser objeto de otro estudio analizar las posibilidades que tuvo Rojas de legitimar su régimen por la vía democrática si las elites partidistas no le bloquean su estrategia de convocar elecciones.
[39] Entre 1974 y 1982 el partido liberal gana consecutivamente las elecciones: 1974-1978: Alfonso López Michelsen y 1978-1982: Julio Cesar Turbay Ayala. Para las elecciones de 1982 el liberalismo se divide y resulta ganador el conservador Belisario Betancur quien gobierna hasta 1986. A partir de esa fecha el liberalismo reconquista el poder y lo mantiene hasta 1998. (1986-1990: Virgilio Barco Vargas; 1990-1994: Cesar Gaviria Trujillo; 1994-1998: Ernesto Samper Pizano). En las elecciones de 1998, tras sucesivos escándalos por corrupción y filtración de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de Samper, los liberales pierden el poder y gana el conservador Andrés Pastrana Arango.
[40] El término “feudalización” hace referencia a la manera cómo desde el poder constituido se reparten las distintas entidades del Estado entre los diferentes grupos que integran la coalición dominante. El Estado queda fraccionado en varios "feudos" burocráticos que se adjudican a Senadores y Representantes a la Cámara. Desde estas entidades los llamados “barones electorales” distribuyen cargos y contratos a sus clientes o dispensan favores para cumplir con los compromisos que adquieren con sus clientelas en las campañas electorales.
[41] Según Almond y Verba la “cultura política” la conforma un conjunto de valores que determina la acción política de una nación o grupo, es decir, el patrón de orientaciones y valoraciones de una sociedad con respecto a los objetos políticos (partidos, constitución, tribunales de justicia, etc.). "La cultura política de una nación -dicen- consiste en la particular distribución entre sus miembros de las pautas de orientación hacia los objetos políticos. (Batlle, Albert. Diez textos básicos de Ciencia Política. Editorial Ariel S.A. Barcelona, 1.992).
[42] Molina, Ignacio. "Conceptos Fundamentales de Ciencias Políticas". Alianza Editorial S.A. Madrid, 1.998.
[43] Farinetti, Marina. Clientelismo y protesta: cuando los clientes se rebelan. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Revista No. 203. 1.999.
[44] El “caciquismo” hace alusión a la forma como son conducidos los electores (los “indios”) a los puestos de votación por sus jefes políticos (los “caciques”). Similar connotación tiene el concepto de "gamonalismo" pues el "gamonal" es el gran hacendado que da empleo y dispensa favores a los habitantes de un pueblo pequeño o mediano, colindante con su hacienda o muchas veces situados dentro de ella. Desde el siglo XIX, entre el gamonal y sus peones se establecieron relaciones sociales de producción sermiserviles donde el campesino es mantenido bajo una permanente dependencia económica y política a través de préstamos a tasas de interés usureras casi siempre impagables.
